País de convulsiones

«Locombia» es un país singular, de súbitos contrastes, donde una noticia escandalosa, que durante semanas conmovería en otros países, robándose titulares en los medios, en nuestro país súbitamente es reemplazada por otra y la avalancha informativa y de opiniones, es tal, que como un nadador intentando avanzar en medio de aguas llenas de basura, debemos intentar abrirnos paso para salir de las turbiedad contaminada en que a diario nos movemos.

Por: Felipe Solarte Nates.

Así, cuando los titulares dejaron de concentrarse en la debacle que para muchos padres de la patria y ‘ejemplos’ de la moral y buenas costumbres, significó que unas guerrilleras en trance de desmovilizarse, en las fiestas de fin de año bailaran con los verificadores internacionales de la ONU y policías que las vigilaban; desde los Estados Unidos explotó la bomba de Odebrecht.

Después de la investigación adelantada por el FBI y otras agencias de seguridad del Brasil y otros países, para seguir la ruta de los casi 900 millones de dólares en sobornos, que ejecutivos de la empresa brasileña repartieron entre altos funcionarios de gobiernos de México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, para ganarse multimillonarios contratos destinados a construir carreteras y grandes obras públicas.

De inmediato, a pesar que por la cuantía lo que se comieron los burócratas de pedigree por los sobornos de Odebrecht, no le llega ni a la planta del pie de los cuatro mil millones de dólares  que se robaron altos funcionarios de los gobiernos de Uribe y Santos en la construcción  de la Refinería de Cartagena, Reficar, (y qué está por destapar así caigan de ministros para arriba) el caso copó la atención de los medios, al conocerse que Duda Mendoza, uno de los altos funcionarios de Odebrecht, confesó que recibió dineros de la compañía y de la campaña presidencial de 2014, para asesorar a Oscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático.

Días después el Fiscal Néstor Martínez, anunció la detención del viceministro de Obras Públicas del gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García, acusado de recibir 6.5 millones de dólares de los 11, que en total repartió la Odebrecht en el país.

A los pocos días fue apresado el ex-senador, Otto Bula, testaferro del primo del ex-presidente Mario Uribe y administrador de sus ganados y propiedades en Córdoba y Antioquia, e intermediario de comprar a precio de huevo, tierras a las víctimas de masacres y desplazamientos de los paramilitares, acusado de recibir 4.3 millones de dólares, de los cuáles aportó parte, a la campaña de Zuluaga y cerca de un millón de dólares a la del presidente Santos, según anunció con bombos y platillos el Fiscal general Martínez, antes de lavarse las manos y pasarle la investigación al ineficaz Consejo Nacional Electoral, CNE.

La columnista de El Espectador, Cristina de la Latorre, lo escribió así en su columna del martes 14 de febrero: “El carrerón del fiscal para conjeturar, sin pruebas todavía, sobre aportes secretos de Odebrecht a la campaña de Santos, antes que a hacer justicia, parecía apuntar al blanco de la derecha: enlodar al hacedor de la paz. Y desplazar la puñalada hasta la yugular de los acuerdos que dieron fin a la guerra, la Jurisdicción Especial de Paz. Ya Martínez había atacado a la JEP, entre otras razones, porque ella dizque podía comprometer “a una persona que había ejercido la Presidencia”.

Esta Colombia harta de corrupción le agradecerá si prueba su hipótesis de aportes de la firma brasileña a la campaña del hoy presidente. Pero el fiscal habrá alcanzado de entrada su fin primordial, que era político, no judicial.

La carga de profundidad le vino al uribismo como diamante de compromiso; y destapó intimidades de noviazgo que una doncella recatada no permitiría ventilar en público.

Mas la largueza de Martínez —y su impudicia— le brindaron al Centro Democrático la coartada feliz que reza: untados todos, todos inocentes.

Porque el fiscal no sólo omitió las pruebas documentales de apoyo a la bomba que explotó en el mundo contra el Nobel que había conjurado una guerra de 50 años.

«Es que tiró la piedra política y escondió la mano judicial. Ignorando las implicaciones penales de presuntos aportes a una campaña tramitados por lavado de activos y falsificando documentos, califica los casos como faltas administrativas y los manda al Consejo Nacional Electoral. Renuncia, pues, a su deber de investigar”. Buscando según algunos analistas, abrir camino a la unión entre el CD y Vargas Lleras para la elección presidencial de 2018.

Así mientras Cambio Radical, con el Fiscal y sus senadores que no asisten a las sesiones para aprobar la Justicia Especial para la Paz, boicotean el desarrollo de la desmovilización de los guerrilleros concentrados en diferentes zonas, dilatando el proceso, continúa la variopinta avalancha de noticias que ya ni nos aterran, pues estamos vacunados contra el asombro.