El presidente Juan Manuel Santos objetó esta iniciativa al considerar que era inconveniente en su totalidad porque resulta contraria a la Constitución y porque “genera un impacto fiscal de enormes proporciones”.

Según explica el concepto de la presidencia, la posibilidad de dar subsidio a la vejez y educación gratuita a las madres comunitarias “afecta seriamente la estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio macroeconómico y el principio constitucional de sostenibilidad fiscal”. Es decir, no hay plata con qué cumplir con esa promesa.

La polémica explicación de la presidencia también se refiere a la posibilidad de que las más de 50.000 madres comunitarias tuvieran un contrato a término indefinido con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al respecto señala que se ampliaría la planta laboral de 6.000 personas a 61.000.

 

En síntesis, los beneficios que se buscaban para las madres comunitarias quedaron en letra muerta y una de las justificaciones que plantea el Gobierno es que, desde 2014, las madres comunitarias gozan de protección laboral mediante su vinculación con las entidades administradoras del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar. Es decir, continuarán bajo la figura de la tercerización laboral.

Cristina Plazas, directora del ICBF, señaló que desde el 2014 cuando inició el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha formalizado el trabajo de las madres comunitarias, es decir “tienen un contrato laboral en el que se les garantiza todos los derechos y no es cierto que al objetar esta ley no vayan a estar formalizadas porque eso ya está estipulado”.

Explicó que el proyecto de ley 127 de 2015, objetado por el presidente “no formaliza a las madres comunitarias sino establece que el ICBF debe contratarlas directamente y debe volverlas servidoras públicas”, lo que según Plazas desbordaría los compromisos de la entidad.

Dijo que los contratos del ICBF se realizan a través de operadores quienes son los encargados de contratar la dotación, los servicios de alimentación, aseo y otros, “por ejemplo en el sistema penal adolescente contratamos con los padres Capuchinos, ellos tienen el proyecto educativo. Nosotros funcionamos a través de los operadores, y el 80 por ciento, en el caso de las madres comunitarias son liderados por ellas mismas”.