Cuatro meses después de haber sido capturada y dejada en libertad nuevamente, la Juez Segunda Civil de Buga (Valle del Cauca), Norella Acosta Tenorio, fue enviada a prisión por las decisiones irregulares que habría tomado en el caso de expropiación del Parador Rojo.
A la funcionaria judicial, investigada por los delitos de prevaricato y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, le impusieron en segunda instancia medida de aseguramiento en centro carcelario.
La investigación del caso Parador Rojo, que hace parte del eje temático de corrupción contra la Rama Judicial, se centra en las irregularidades que permitieron incrementar el costo del complejo turístico Parador Rojo en Buga. Al parecer, este inmueble estaba construido en un punto de vital importancia para la construcción de la malla vial del Valle del Cauca, por lo que el antiguo Instituto Nacional de Concesiones (INCO) adelantó un proceso de expropiación.
La funcionaria judicial fue quien aprobó la expropiación, pero le ordenó al Estado pagar $40.000 millones por un predio que años atrás no superaba los $3.000 millones y por el cual se iba a construir una carretera que costaba $17.000 millones. Es decir, que la jueza Acosta con su decisión incrementó el valor del inmueble casi siete veces. Un costo que el Estado no podía asumir pero que tenía que cumplir por tratarse de un fallo judicial, que, según la Fiscalía, se sustentó en peritajes ilegales.
Orlando Ospitia, director de Fiscalías Nacionales, habló sobre la decisión que se tomó en segunda instancia y en la que un juez de Bogotá revocó la libertad de la jueza Acosta. La nueva determinación fue imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario a la funcionaria judicial. “Los hechos refieren a un proceso civil e expropiación iniciado por el antigua INCO, hoy Agencia Nacional e Infraestructura, en el que se adoptaron decisiones manifiestamente contrarias a la ley en cuanto a la indemnización de un lote donde está el parado de Buga. La decisión se tomó sobre la base de avalúos altos a favor del demandante”, dijo Ospitia.
Norella Acosta había quedado en libertad el pasado mes de junio luego de ser capturado junto al protagonista de esta historia: Carlos Andrés Grajales Gamba, el hombre que había interpuesto las demandas para lograr que el valor del inmueble el Parador Rojo incrementara su valor. La notica del arresto de estas dos personas fue presentada por la Fiscalía como la posibilidad de darle un alivio económico al Estado
El fiscal general de ese entonces, Jorge Perdomo, manifestó:
«Entre las pruebas de la Fiscalía hay una interceptación telefónica en la que se evidenciaría una la alianza que se gestó entre Carlos Grajales Gamba y la jueza Acosta. Los audios habían sido conseguidos por las autoridades luego de que Jaime Grajales, hermanastros de Carlos, lo denunciara por supuestamente aprovecharse del alzhéimer de su padre Ángel Jaime Grajales -propietario del Parador Rojo- para hacerlo firmar un poder que lo dejaba como representante de la familia en el proceso de expropiación».
Según denunció Jaime Grajales, en el momento que se adelantó el proceso de expropiación él vivía en Estados Unidos, pero que decidió regresar para ayudar a su familia en el negocio con el Estado. Sin embargo, al llegar se dio cuenta de las triquiñuelas de su hermanastro Carlos para quedarse con la plata de la indemnización. Le dijo a la Fiscalía que a la jueza Acosta le habían dado $30 millones y a los peritos $15 millones para favorecer a Carlos Grajales al elevar el precio de la propiedad.
Luego de haber denunciado a su hermanastro Carlos Grajales por esta, a Jaime Grajales lo asesinaron. Sin embargo, gracias a sus declaraciones, la Fiscalía comenzó a investigar y fue cuando interceptó las comunicaciones entre la Jueza Acosta y Carlos Grajales, en la que se escuchaba a la funcionara alertar a su presunto socio de que había un fiscal averiguando por las irregularidades que se presentaron en el proceso de expropiación. Por ahora, la investigación por el homicidio de Jaime Grajales continúa en fase previa y el Estado espera que con este proceso se evite un detrimento patrimonial de casi $20.000 millones.
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