La Sala Plena del Consejo de Estado eligió al exministro y exembajador en España, Fernando Carrillo Flórez, para ocupar la terna de aspirantes para reemplazar a Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación.
Carrillo obtuvo 21 votos de 25 posibles, mientras que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, obtuvo tres y uno más fue en blanco.
Carrillo propuso la creación de una Procuraduría Delegada para la Paz para trabajar en la Justicia Transicional, así como en la justicia local y rural.
“Se debe vigilar el cumplimiento de los acuerdos si el pueblo colombiano así lo decide, una Procuraduría que se ocupe de los derechos de las víctimas, de la reparación de las mismas, de las indemnizaciones”, dijo.
Además, estimó que debe haber una capacitación en políticas públicas de los nuevos procuradores judiciales, señaló como necesario la relación estrecha con las otras entidades del Estado, y estimó que el Ministerio Público debe ser un baluarte en la lucha contra la corrupción.
“El país padece de una banca rota de ética, pese a tantos diseños institucionales, los resultados en la lucha contra la corrupción, son bastante malos”, dijo, al tiempo que consideró que se debe ‘desbogotanizar’ el manejo de la justicia en el país.
“Estoy muy agradecido con el Consejo de Estado”
Tras conocerse la decisión del Consejo de Estado sobre la postulación de Fernando Carrillo para la terna del Procurador, el exministro del Interior agradeció la decisión.
“Estoy muy agradecido con el Consejo de Estado. Que uno tenga el honor de ser postulado por una institución de justicia tan prestigiosa como esa pues honra muchísimo y creo que tiene una dimensión histórica por el papel que va a jugar la Procuraduría por los acuerdos de paz”, dijo.
El candidato no quiso referirse a la posición y ejercicio del actual procurador Alejandro Ordóñez, pero afirmó que considera que el papel del Ministerio Público debe ser como garante del cumplimiento de los acuerdos.
Ahora, se está a la espera de los nombres de los ternados por la Corte Suprema de Justicia y por el presidente Juan Manuel Santos.
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