Después de tres años de haberse presentado una demanda contra la reelección del procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, la Sala Plena del Consejo de Estado, y a poco cuatro meses de terminar su mandato decidió anularla por irregularidades.
La Corporación Judicial acogió la ponencia que presentó la magistrada Rocío Araujo, en la que determinó que el segundo mandato de Ordóñez Maldonado, no estuvo acorde a la Constitución.
La magistrada Araujo indicó que se incurrieron en tres causales de nulidad, una de ellas que no existe la figura de la reelección en la constitución para el cargo de procurador, que no hubo una terna como tal y que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que votaron a favor de su postulación debían declarase impedidos por tener familiares en la Procuraduría.
En ese punto señaló que la participación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Mauricio Burgos Ruíz, Javier Zapata y Ruth Marina Díaz, no se debió permitir.
Esta decisión se tomó dentro de la demanda que presentó el abogado Rodrigo Uprimmy, en la que argumentó que el artículo 126 de laConstitución prohíbe que un servidor público nombre en cargos que no sean de carrera a familiares cercanos (como hijos, hermanos o primos) de aquellos “servidores públicos competentes para intervenir en su designación”.
El segundo periodo del procurador general iba hasta enero de 2017.
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