El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, presentó este viernes un proyecto de ley, que presentará el Gobierno ante el Congreso, para que todos los militares condenados por delitos relacionados con el conflicto armado entren en la jurisdicción especial para la paz, una vez se firme el proceso de paz con las Farc y entren los tribunales de paz.
El jefe de la cartera de Defensa explicó que mediante este proyecto de ley se buscará lalibertad transitoria y anticipada de militares condenados por delitos relacionados con el conflicto y que se acojan a este tipo de justicia.
“Libertad condicional procede cuando se haya cumplido un mínimo de pena privativa de la libertad de cinco años”, explicó Villegas. Y agregó que las personas que lleven menos de cinco años en un centro de detención militar podrán ser pasados a unidades militares, para que cuando cumplan el tiempo pidan su libertad condicionada a la sala de revisión jurídica.
Villegas explicó que este “tratamiento penal diferenciado” será la renuncia a la persecución penal para estos agentes condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles relacionadas con el conflicto armado.
“Siempre y cuando no constituyan delitos graves como el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, porque estos pasan a definición a través de un procedimiento jurisdiccional al tribunal especial para la paz”, afirmó el ministro.
El funcionario enumeró los delitos que no serán cobijados por este “tratamiento diferencial”, los cuales serán: secuestro y otras privaciones de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de delitos sexuales, la sustracción de menores, el desplazamiento y el reclutamiento de menores. Además de los delitos que no fueron cometidos por ocasión del conflicto y los delitos contra el servicio, la disciplina o los intereses de la Fuerza Pública.
El proyecto, según Villegas, tiene 5 principios: integralidad (se aplica a todos los actores del conflicto), prevalencia (es una justicia que absorbe todos los procesos y cierra todos los cargos penales y disciplinarios, además una sala que sigue atendiendo estos casos),favoravilidad (se aplica preferencialmente a los agentes de Estado), seguridad juíridica(todo lo que se defina para los agentes del Estado termina con sus causas judiciales definitivamente y no puede ser reabriendo).
“Es una justicia sólida, seria, institucional, que no lleva a la impunidad por el contrario lleva a la verdad, está montada sobre esa necesidad y sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas. Tiene una garantía del debido proceso y de transparencia de que estos procesos serán conocidos previamente por quienes están investigados”, agregó.
El jefe de la cartera de Defensa aseguró que para acceder a los tratamientos especiales, los agentes del Estado deberán comprometerse con decir la verdad, la reparación y la no repetición de estos hechos, indicó Villegas.
“Esta es una justicia que nos hemos propuesto para que cumpla con los más estrictos estándares internacionales como el tratado de Roma”, prometió Villegas.
“No vamos a ver por un lado guerrilleros amnistiados e indultados libres, y por el otro soldados y policías en proceso de espera del funcionamiento de un tribunal de justicia transicional. Vamos a aplicar a ambos diferenciadamente unas medidas que les permitan a unos y otros disfrutar de las consecuencias de una justicia transicional que se deriva de un proceso de paz”, reiteró el ministro.
Por último, el funcionario fue claro en decir que lo pactado no es fruto de la negociación con las Farc, sino que parte de una decisión unilateral del Gobierno y agregó que este proyecto de ley irá por el llamado procedimiento abreviado o “fast track” del Congreso.
“Será presentado en compañía de las medidas iniciales de aplicación de justicia transicional para los miembros de las Farc en proceso de desarme y desmovilización”, explicó.
Dijo además que por lo menos 5.500 miembros de la Fuerza Pública podrían verse beneficiados. De estos 2.000 privados de la libertad (1.110 investigados con medidas de aseguramiento y 900 condenados privados de la libertad), además de 3.500 que están siendo investigados y no tienen medida de aseguramiento.
“Del grupo de los 2.000: a 1.020 se le podría aplicar libertad condicionada y a 980 privación de la libertad en unidades militares”, concluyó Villegas.
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