Más de ocho horas de debate a puerta cerrada se tomaron los nueve magistrados de la Corte Constitucional para decidir la manera en que se refrendará el Acuerdo Final que se logre en La Habana.
Lo importante de esta decisión es que, para que gané el sí, se necesitan cuatro millones y medio de votos. Es decir, el alto tribunal aprueba el 13% del umbral que se había propuesto en el proyecto de ley aprobado por el Congreso el año pasado. Además, el presidente Juan Manuel Santos tendrá que actuar de acuerdo a los resultados de la votación para refrendar el acuerdo. En términos jurídicos, esto significa que se trata de un plebiscito vinculante.
Se trata de una decisión histórica para el proceso de paz que desde hace más de cinco años se adelanta entre el Gobierno y las Farc en Cuba. De acuerdo con lo planteado en el proyecto de fallo, se trata de un plebiscito especial que sería convocado por el Presidente únicamente con el objetivo de consultarle al pueblo si está de acuerdo o no con el Acuerdo Final para el fin del conflicto.
Entre otras cosas, la postura de la Corte plantea que antes de convocar a una votación ciudadana, el país debe conocer todos los detalles del documento en el que se planteen los puntos de ese acuerdo y que además, debe ser traducido tanto para personas en condición de discapacidad, como a idiomas diferentes al español. Lo importante, más allá de estos detalles en la logística que tendrá el plebiscito, es que esta convocatoria no es para votar en contra de la paz, sino que es la manera de conocer si la ciudadanía está de acuerdo con lo que se logre en La Habana.
Mientras se desenreda el embrollo jurídico, las campañas a favor y en contra no se han hecho esperar. En el bando de opositores, por una parte, están: el senador Álvaro Uribe, su partido el Centro Democrático, el procurador Alejandro Ordóñez y otros sectores de la derecha quienes han mostrado sus reparos a que el plebiscito sea el mecanismo de refrendación. Uribe ha señalado que hay fallas en el umbral, dice que se genera impunidad, que hay manejo indebido de recursos en publicidad y que se condicionan apoyos económicos a alcaldes y gobernadores, entre otras críticas.
Y en el otro bando, el de los partidarios, está encabezado por la ex senadora Piedad Córdoba, junto con las principales fuerzas de izquierda, quienes lanzaron la semana pasada el “Comité por el sí a los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc”. La iniciativa, que reúne cerca de 50 organizaciones sociales, empezó a trabajar por medio de concentraciones en varias ciudades del país.
En definitiva tras el fallo de la Corte Constitucional se prevé que esta convocatoria a los colombianos para que voten por el SI o por No para refrendar los acuerdos a que se llegue entre el gobierno y las insurgentes Farc , será un pulso electoral entre el presidente Santos y el actual senador Uribe Vélez, quienes encarnan la nefasta polarización a la que ha caído el país.
Santos deberá demostrar que pese a ser el presidente más impopular de las últimas décadas va lograr un acuerdo histórico con la guerrilla más antigua del mundo y la que más daño le hizo a colombia.
Uribe por su parte repudiado por los sectores de izquierda y democráticos ,junto a los aliados del gobierno nacional, con una alta aceptación popular tendrá que demostrar que sus ideas y propuestas de la seguridad democrática aún están vigentes, así lo tilden de guerrerista y enemigo de la paz.
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