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La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática este 19 de febrero de 2026. Esta medida fue impulsada y posteriormente ratificada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras su aprobación en el legislativo.
El mandato legislativo cubre delitos con fines políticos y hechos registrados en contextos de crisis política desde el año 1999 hasta 2025.
Los beneficiarios se estima que permitirá la excarcelación de cientos de presos políticos y la anulación de cargos para perseguidos en el exilio o en la clandestinidad.
La ley excluye o no ampara a personas involucradas en acciones armadas, crímenes de guerra o violaciones graves a los derechos humanos y los beneficiarios pueden designar un representante legal en territorio venezolano para tramitar la solicitud de amnistía.
El propósito se presenta como un paso hacia la “reconciliación nacional” y la paz en el nuevo escenario exigido por los Estados Unidos en un proceso legislativo propiciado y que incluyó una incursión militar de Estados Unidos a principios de enero de 2026 y la captura de Nicolás Maduro.
La aprobación de esta ley de amnistía también se ha vinculado con condiciones impuestas por el gobierno Trump para el levantamiento escalonado de sanciones petroleras, económicas y personales internacionales contra funcionarios del régimen chavista que le impuso.
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