Medios de comunicación advierten “Mico” aprobado que atentaría contra la Libertad de Prensa

Desde  varios  medios  de  comunicación  y sectores  de  opinión se ha  advertido  sobre el alcance del polémico artículo incluido en la ley anticorrupción que permitirá censurar a la prensa en los presuntos casos de corrupción por funcionarios públicos  y  que fue aprobado por la plenaria a la Cámara y ahora pasa a la conciliación con el Senado para que sea sancionada.

Aunque la ley fija nuevos mecanismos para enfrentar la corrupción que se da desde las instituciones del Estado por los funcionarios públicos, el debate se centró en toda la sesión en ese polémico artículo, el cual en esencia prohíbe que los medios presenten sus denuncias si no tienen las pruebas concretas contra la persona o funcionario al que se ha referencia.

La plenaria, antes de aprobar el controvertido artículo, negó una proposición presentada por los representantes Inti Asprilla, Gabriel Santos, Juan Fernando Reyes Kuri, María José Pizarro, León Fredy Muñoz, Wilmer Leal y Mauricio Toro, quienes pidieron el hundimiento de esa norma.

Asomedios, FLIP y organizaciones a favor de la libertad de prensa elevaron sus voces en rechazo a esta proposición que, aprobada mayoritariamente por la bancada de gobierno, sienta un histórico precedente negativo para el ejercicio de la prensa y los derechos democráticos en Colombia.

Este “mico” que se metió al proyecto de  Ley  aprobado  y  cuya  autoría  es  el Representante a  la Cámara César Augusto Lorduy  Maldonado de  Cambio Radical amenaza cualquier denuncia de posibles irregularidades en el sector público como lo hacen, por ejemplo, los medios de información.

A la postre y con una votación muy apretada de 59 por el sí y 53 por el no, se aprobó el artículo que señala los siguiente: «Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o un exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías, ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisito legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la Ley 906 de 2004”.