“Procuraduría seguirá destituyendo e  inhabilitando funcionarios de  elección popular”: Carrillo

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro puede llevar a realizar ajustes normativos que «jamás podrán traducirse en escenarios de impunidad en la lucha contra corrupción, para beneficiar funcionarios de elección popular que han actuado indebidamente».

Así lo afirmó el procurador general, Fernando Carrillo Flórez ante la decisión de la Corte IDH que dice que ni la Procuraduría ni ninguna autoridad administrativa pueden limitar, con sanciones como destitución o inhabilidad, derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular.

Carrillo sostuvo que ninguna de las actuaciones frente a funcionarios de elección popular adoptadas hasta la fecha por la Procuraduría queda en un limbo jurídico, «puesto que se ha procedido siempre otorgando todas las garantías a los investigados y respetando la jurisprudencia nacional, acatando las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado» sobre las competencias disciplinarias de la Procuraduría y que esta  entidad seguirá destituyendo e  inhabilitando funcionarios de  elección popular contrario a  lo que insinúa la  Corte Interamericana.

De otro lado, el procurador no descartó solicitar aclaraciones o consultas a la decisión de la Corte IDH, algo que también está evaluando la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que “permitan fortalecer y no debilitar la potestad disciplinaria de la Procuraduría”.

De otro lado, Carrillo Flórez fue enfático en señalar que la Corte IDH no ha sugerido “meterle la mano” a la Constitución de 1991, sino ajustar normas disciplinarias, que permitan a la Procuraduría actuar como un ente acusador especializado contra los corruptos, con decisiones que podrían ser controladas automáticamente por una autoridad jurisdiccional como el Consejo de Estado. “Abriremos el debate para analizar qué faltas disciplinarias pueden ser nuevos tipos penales”, dijo.

Y agregó que la decisión de la Corte IDH no puede ser una derrota contra la institucionalidad de la justicia disciplinaria, sino el inicio de un debate sobre los instrumentos más eficaces para continuar la batalla contra estructuras corruptas «cada vez más organizadas, que hoy son el mayor motor de violación de los derechos humanos en Colombia».

“Los corruptos que históricamente en Colombia han violado derechos humanos y que han defraudado los recursos públicos, con esta decisión no van a ganar”, aseguró Carrillo, quien agregó que como su legado, dejará «una entidad fortalecida y una propuesta que endurezca las sanciones contra los corruptos”.