Miguel Ceballos verificará voluntad de  sometimiento de Gupos Armados Organizados

Este martes, el Gobierno Nacional autorizó en el decreto 601 de 2020 al alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, verificar la voluntad real de sometimiento a la justicia de los Grupos Armados Organizados en Colombia (GAO) que, según el Gobierno, hoy hacen presencia en Colombia. Dentro de ellos el Ejecutivo incluye a las llamadas disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (llamadas por el Gobierno como Clan del Golfo), el EPL, los Caparrapos y la guerrilla del ELN.

El Gobierno lanzará una ruta de sometimiento para las personas que pertenecen a estos grupos y quieran voluntariamente «volver a la legalidad». Eso sí, dejó claro que sólo podrá hacerse de manera individual, pues no se está hablando de procesos de paz o sometimientos colectivos.

El alto comisionado fue enfático en que el “único grupo armado con el que podría existir un acuerdo es con el Eln, pero la posibilidad cada día está más remota”, teniendo en cuenta que hoy esta organización dijo que no prorrogará el cese al fuego unilateral.

El Gobierno ha entendido que estos grupos residuales al servicio de  la  minería  ilegal  y el  narcotráfico  pueden ser  sometidos  a  la  justicia  con ciertos  beneficios  económicos  y penales saliendo   más  barato  y  pragmático que  lo que implica  combatirlos, pues obedecen como en el caso del cauca a  estructuras que  alimentan el negocio de  las  drogas y estupefacientes, controlado por  los  carteles  mexicanos  para abastecer el creciente  mercado  norteamericano con más de 50 millones  de  consumidores adictos

 

El funcionario guardó silencio sobre posibles negociaciones con los altos mandos de estas organizaciones y dejó claro que, por ahora, el Gobierno no ha construido un proyecto de ley que reemplace a la Ley 1908 de 2018, impulsada por el gobierno de Juan Manuel Santos, que daba un plazo de seis meses para que los miembros de estos grupos se sometan. Ese plazo se venció el 9 de enero de 2020, sin embargo, Ceballos espera que con este decreto y la ruta que anunció, que saldrá en los próximos días, los combatientes dejen las armas.

 

El decreto 601 de 2020 tiene como objeto crear una función para el comisionado de Paz, complementaria a las que tiene desde hace varios años, ¿cuál es el complemento? verificar la voluntad real del sometimiento a la justicia de los Grupos Armados Organizados en Colombia (GAO). Esta decisión del presidente Iván Duque es coherente con lo expresado hasta ahora: este es un Gobierno que quiere la paz en el contexto de la legalidad y de la justicia.

Los  beneficios serán muy similares a los que siempre ha habido en los procesos de reincorporación, es decir, económicos de entrada y que luego se mantienen en una ruta de cinco a seis años, con unos pagos mensuales que se les viene haciendo a las personas de otros grupos armados que decidieron volver a la legalidad, que ascienden a los $480.000 y una suma inicial de beneficios a la persona que se somete, que está entre los 10 y 12 millones para esa persona y su familia. A través de la Agencia de Reincorporación y Normalización, encargada de estos procesos de excombatientes, se les entregan 8 millones de pesos adicionales para proyectos productivos.

“Por otro lado, en los beneficios penales, como lo vimos en la ley de sometimiento colectivo de 2018, realmente en la práctica, el sometimiento es individual, porque cada persona debe firmar un acta. En los beneficios jurídicos que se aplican son los que están vigentes en el Código de Procedimiento Penal. Cuando hay colaboración activa, los fiscales pueden proponer ante los jueces preacuerdos o aplicación de principio de oportunidad y en esos casos pueden llegar a una rebaja de la pena del 50%”  precisó el alto  comisonado  de  paz, Miguel  Ceballos .