Fiscalía asegura al general (r) Mauricio Santoyo por enriquecimiento ilícito

En la mañana de este martes la Fiscalía General confirmó que se impuso una nueva medida de aseguramiento al general en retiro de la Policía, Mauricio Santoyo Velasco, exjefe de seguridad del Gobierno Uribe, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

 

De acuerdo con el ente acusador, luego de valorar el material probatorio recopilado, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del general, «y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario».

A través de un comunicado la Fiscalía señala que «en el curso de las investigaciones se constató que el ex oficial constituyó un patrimonio de $6.193’415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensa, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009″.

La decisión se tomó con base en las declaraciones que se han conocido a través de la  Ley de Justicia y Paz, que fueron verificadas, y así se pudo establecer que «la organización narcotraficante conocida como ‘La Oficina’ y cabecillas de las entonces AUC, supuestamente, le pagaron a Santoyo Velasco para que lograra dejar en libertad a integrantes de esas estructuras y los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública».

Señala la Fiscalía en el documento, que por «estos favores ilícitos», Santoyo velasco habría recibido cerca  de 1.700 millones de pesos.

Los bienes del general (r), los de su familia y empresas entraron al proceso de extinción del dominio.

En el año 2012 el oficial en retiro se presentó a la DEA en Bogotá y fue extraditado. Se  convirtió en el primer oficial, de grado general, en responder ante la justicia norteamericana. Regresó en calidad de deportado en abril de 2019.

En diciembre de ese mismo año una Corte de Virginia (Estados Unidos) lo condenó a 13 años de cárcel y una multa de 125 mil dólares (unos 230 millones de pesos) por haber cooperado con grupos paramilitares en Colombia.

A su regreso al país, el general (r) no quedó en libertad, debido a que se le sigue una investigación por la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).