Chocó  el primer gobernador suspendido  e indagado por corrupción en plena pandemia

La Procuraduría apartó de su cargo por tres meses al mandatario del departamento del Chocó y al alcalde de Calarcá. La Fiscalía anunció la apertura de investigaciones contra cuatro gobernadores: Magdalena, Arauca, Vichada y San Andrés.

Este viernes se llevó a cabo el primer balance del programa de vigilancia y control ‘Transparencia para la emergencia’ en el que trabajan la Fiscalía General, la Contraloría y la Procuraduría con el fin de vigilar los recursos extraordinarios dispuestos para atender la contingencia provocada por el Covid-19 en el país.

Frente a esto, los órganos de control anunciaron la suspensión por tres meses del gobernador del Chocó Ariel Palacio, por la firma de un contrato de 2.000 millones de pesos que, hasta el momento, no ha sido debidamente justificado.

Junto a él, serán indagados por sobrecostos los mandatarios de Arauca (Facundo Castillo Cisneros), Cesar (Luis Alberto Monsalve), Magdalena (Carlos Caicedo), Tolima (Ricardo Orozco), San Andrés y Providencia (Everth Hawkins) y Vichada (Álvaro León). 

Los entes de control unidos –Fiscalía, Procuraduría y Contraloría- anunciaron en rueda de prensa un paquete de decisiones para golpear la corrupción en medio de la pandemia, lo que en  palabras  del propio  presidente  Duque  serian  las  «primeras  ratas  de  alcantarilla»  puestas  al  descubierto..

«La corrupción mata», aseguró el representante del Ministerio Público, Fernando Carrillo, quien anunció que producto de las investigaciones se interrumpió por tres meses la continuidad de los primeros dos funcionarios en las regiones. Se trata de Ariel Palacios, gobernador del Chocó, y el alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero Contreras.

El primero firmó un contrato el 15 de abril por 2.000 millones de pesos para capacitaciones en torno al coronavirus. Este contrato también quedó en suspenso, entre otras cosas por desconocer que las jornadas de salud contempladas eran una violación a la cuarentena decretada por el Gobierno nacional y por seleccionar a la Fundación Chocó Saludable, un contratista que no tendría la idoneidad.

 

«Resulta altamente inconveniente que, ante la pandemia producida por la  covid-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes», dijo el representante del Ministerio Público. Deberá estar apartado del cargo por tres meses.

Para el caso del alcalde de Calarcá, en el Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras, y el secretario administrativo José Garzón, se ordenó la suspensión temporal por presuntas irregularidades en un contrato por 396 millones de pesos. El representante legal de la empresa Inversiones Echeverry S.A.S. dice que desconoce su firma en la suscripción del contrato.