Declaran emergencia carcelaria  tras  graves revueltas en centros penitenciarios

Atendiendo una  petición  del Procurador  General  de  la Nación, Fernando  Carrillo  Flóres y luego que reclusos de 13 penales se amotinaron durante el fin de semana, el gobierno nacional optó  declarar  la  emergencia carcelaria tras  dejar 25 muertos  y  83  heridos en los  motines.

Los internos exigían  una  urgente protección contra el COVID-19 ante los  altos  índices  de hacinamiento en los  establecimientos  penitenciarios y el grave  peligro  que  podría  correr  la  población  carcelaria  ante un eventual contagio de  la  pandemia  en estos  sitios.

Aunque inicialmente  la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, y el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), brigadier general Norberto Mujica,consideraron que estas  revueltas obedecían  a  “planes criminales de  fugas” ante  la gravedad de  los hechos  registrados, tomaron «la decisión de decretar la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público», mediante la Resolución 144.

Dicho acto administrativo señala «que el país y el sistema carcelario en este momento afrontan la coyuntura de afectación global por la pandemia de coronavirus COVID-19», que deja 277 infectados y tres muertos en el país.

En la misma se agrega   y reconocen que esta situación «desborda las capacidades del mismo Estado».  Y  que de igual manera, tiene «potencial determinante de afectación a ciertos grupos vulnerables de la población, dentro de los cuales se encuentran los privados de la libertad, así como los funcionarios penitenciarios».

Estas medidas incluirán «traslados, aislamiento de los internos, uso racional de los medios extraordinarios de coerción y el reclamo del apoyo de la fuerza pública». Así lo explicó una fuente del Ministerio de  Justicia.

También le permite trasladar o dar permisos a presos mayores de 60 años -que no estén condenados por delitos graves-, personas enfermas, madres gestantes, o que ya tengan permiso de salida por 72 horas, cuya  población alcanza cerca  a los  11 mil  reclusos.

La emergencia carcelaria no le da facultades al Gobierno para hacer excarcelaciones ya que esta es una decisión que es potestad de los jueces que llevan los procesos.

Datos del Inpec indican que en Colombia hay 121.297 presos en cárceles con capacidad para 80.763 personas, lo que supone una sobrepoblación de 40.534 detenidos y una tasa de hacinamiento del 50,19 %, a lo que se  suma  los altos  niveles de  corrupción de la guardia  carcelaria  y las  mafias de internos en los  pabellones, lo que constituye  en una verdadera vergüenza para la justicia  colombiana.

Del total de presos, 113.119 son hombres y 8.178 mujeres, repartidos en 134 establecimientos carcelarios.

Además de los motines en la Modelo y en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, el sábado hubo revueltas en las cárceles de La Picota y el Buen Pastor, de Bogotá, esta última de mujeres; en la de Picaleña (Ibagué); en la de Jamundí (Valle del Cauca), y en las de Pedregal y Bellavista, en Antioquia, entre otras.

Redacciòn