Fiscal Néstor Humberto Martínez presenta renuncia por caso Santrich

El jefe del ente acusador presentó la dimisión tras el caso de Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, presentó renuncia irrevocable al cargo luego de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) denegara la extradición del exlíder de las Farc Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, requerido en Estados Unidos por narcotráfico.

En la solicitud la JEP le pidió a la Fiscalía que lo deje en libertad, situación frente a la cual Néstor Humberto Martínez anunció que presenta su renuncia irrevocable. «JEP Colombia aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. Se ordena a Fiscalía de Colombia disponer libertad inmediata», afirmó el tribunal, situación que motivó la renuncia del jefe del ente acusador.

Tras considerar que la decisión de la Justicia Especial de Paz afecta la compentencia de la Fiscalía, el fiscal Néstor Humberto Martínez renunció a su cargo.

«Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renunciairrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación», señaló el fiscal.

Insistió que la actual situación a partir de la decisión de la Justicia Especial de Pazafecta los tratados internacionales en materia de justicia y la cooperación con otros países.

«Desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia; confronta abiertamente la Constitución Política(art. 19, A.L. No. 1 de 2017) y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico».

Señala el fiscal en su comunicado de renuncia que no podrá firmar «referendo» alguno a partir de la decisión de la Jep, por eso invita a la ciudadanía a «determinación por el restablecimiento de la legalidad«.

Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril del año pasado con base en el pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo acusa de conspiración para el narcotráfico, delito que, según la Fiscalía General de la Nación, cometió después de la firma del acuerdo de paz del 24 de noviembre de 2016. Según Estados Unidos, el exguerrillero tenía un «acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína» a ese país.

Junto a «Santrich», quien fue miembro del Estado Mayor (mando) y líder político del Bloque Caribe de las Farc, fueron capturados otros tres individuos identificados como Marlon Marín, Armando Gómez, alias El Doctor, y Fabio Simón Younes Arboleda. Marín, sobrino del número dos del partido en el que se transformó la antigua guerrilla, Iván Márquez, cuyo nombre de pila es Luciano Marín, viajó a Estados Unidos el 17 de abril de 2018 para colaborar con la justicia de ese país.

Tras conocer la decisión de la JEP, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, dijo que presentará un recurso de apelación porque, en su concepto, «procedía en este caso conceder la extradición de Jesús Santrich». En la ciudad de Pereira, Carrillo sostuvo que el Ministerio Público «insistirá en que de acuerdo con las reglas de procedimiento de la JEP, el caso de Santrich debe continuar su estudio ante la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá la decisión final sobra la situación jurídica del exguerrillero».

El caso ha generado desde el principio polémica en el país porque los defensores del detenido argumentan que fue víctima de un montaje y que si se le entrega la Justicia de Estados Unidos se pondría en riesgo el acuerdo de paz, mientras que otro sector alega que debe ser extraditado porque las pruebas en su contra sin concluyentes.

La JEP solicitó el 23 de octubre del año pasado al Gobierno de Estados Unidos una «colaboración para la obtención de material probatorio necesario para definir la situación» de Santrich, pero la carta con el pedido nunca llegó a su destino. La JEP afirmó entonces que «la no llegada de la carta rogatoria a EE.UU. constituyó un hecho ajeno a la jurisdicción que entorpeció el buen funcionamiento de la labor de administrar justicia en el contexto de los acuerdos de paz».

Redacciòn