Comisiones económicas aprobaron en Primer debate el Plan de Desarrollo

 

En una inusual sesión, las comisiones económicas del Congreso dieron el primer debate sobre el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, una iniciativa que estuvo a punto de naufragar, pero que al final alcanzó la orilla gracias a la presencia de tres senadores que completaron el quorum en la Comisión Tercera de Senado.

Tres senadores (uno liberal y dos de Cambio Radical) desobedecieron a sus partidos y ayudaron a hacer quorum para salvar el proyecto. Habrá sobretasa en servicio de energía para estratos altos con destino a Electricaribe.

Los senadores Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, y Eduardo Díazgranados y Arturo Char, de Cambio Radical, lograron completar los votos necesarios para iniciar el debate de la ponencia mayoritaria respaldada por el gobierno Duque.

La presencia de los dos congresistas de Cambio Radical desató controversia en la colectividad que lidera el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras.

Solo un revés se registra en la historia reciente de los planes nacionales de desarrollo, cuando en la presidencia de Andrés Pastrana, la Corte Constitucional declaró inexequible la iniciativa por vicios de forma.

“Lo había advertido, a pupitrazo limpio, en menos de cinco horas aprobaron 311 artículos de #PND sin discusión a profundidad; muy lamentable cómo se atropellan las buenas prácticas políticas y la democracia”, dijo en su cuenta de Twitter el senador de Cambio Radical Richard Aguilar, uno de los ausentes del debate.

La propuesta era aprobarla en cuatro bloques: artículos sin proposiciones, con proposiciones avaladas por el Gobierno, con proposiciones sin aval del Ejecutivo y artículos con carácter orgánico. “No venimos a pupitrear”, sostuvo la senadora de oposición Aída Avella al insistir que “antes les sobraban rodilleras a los parlamentarios” para reiterar su pedido de dar un verdadero debate a las propuestas.

En el debate se salvaron los subsidios eléctricos para los estratos uno, dos y tres, lo mismo que los de gas para el uno y el dos. Del mismo modo quedó en firme el alivio a Electricaribe, con un alza en las tarifas eléctricas de los estratos altos, comerciantes e industriales de $4 por kilovatio/hora durante dos años, con la que se espera recaudar más de $350.000 millones.

La directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, manifestó que en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) se aprobó un aumento de los recursos para las regiones en $56,7 billones, al pasar de $786,6 billones a $843,3 billones para el próximo cuatrienio.

“Me siento muy contento de llevar una ponencia para segundo debate en las plenarias y estoy seguro (de) que tenemos el mismo tipo de seguridad, de profundidad y mesura en ese contexto del segundo debate”, señaló el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien el día anterior había dicho que el Gobierno no se dejaría “chantajear” ante la falta de quorum que puso en peligro la iniciativa.

Las próximas semanas el articulado se debatirá en las plenarias de Senado y Cámara. Cabe recordar que el plazo máximo para la aprobación que esta ley, que será la hoja de ruta de la administración Duque, es el 7 de mayo de 2019.

Una de las propuestas que habían suscitado debate entre analistas económicos fue la relacionada con pasar el manejo del presupuesto de inversión de Planeación Nacional al Ministerio de Hacienda, que el Congreso se encargó de eliminar. “Se mantiene la función en el DNP”, resaltó Catalina Ortiz, de la Alianza Verde.

La iniciativa que avaló las comisiones económicas del Congreso limitó las facultades extraordinarias que pedía el Gobierno para liquidar y fusionar empresas estatales.

“El Congreso no quiere expedir un cheque en blanco”, dijo Óscar Darío Pérez, coordinador ponente.

Se le han entregado unas facultades particulares en el sentido de que puede fusionar entidades del mismo orden, como el caso de la existencia de tres fiduciarias estatales, dos aseguradoras y varias instituciones que hacen exactamente lo mismo.

“Esas facultades se dieron para esos propósitos: fusionar esas instituciones (de manera) que le permitan al Estado competir”, dijo Pérez. Se estima que el ahorro por esos efectos superaría los $1,2 billones anuales.

Redacciòn