En Colombia están acabando con los líderes sociales, asesinan a gobernador indígena en Chocó

 

Se trata de Aulio Isararama Forastero, gobernador de la comunidad Catru Dubaza Ancoso, en el Alto Baudó. Organismos como la ONU y la OEA rechazaron el crimen y pidieron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Vuelve y juega: otro líder social fue asesinado en Colombia. La víctima más reciente es Aulio Isararama Forastero, actual gobernador indígena del resguardo Catru Dubaza Ancoso, de la comunidad del Alto Baudó en Chocó. Según las primeras versiones, Isararama fue ultimado en la noche de este martes por sujetos que portaban armas de fuego.

Dadas las extrañas circunstancias del homicidio, una comisión de autoridades locales y organismos de derechos humanos se desplazó hasta la zona para establecer lo ocurrido y analizar la situación de seguridad de la comunidad del Alto Baudó.

El crimen fue repudiado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que declaró que hace seguimiento al caso. Hace menos de 15 días, esa misma organización alertaba por el asesinato de otro gobernador indígena:Óscar Tenorio Sunscue, miembro del resguardo indígena de Chinas del municipio de Páez (Cauca).

A las voces de rechazo se sumó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), que exigió “una investigación oportuna”, mientras que la ONIC(Organización Nacional Indígena de Colombia) advirtió que el crimen es una muestra de que en el país “continúa el exterminio con los pueblos”.

La semana pasada –mientras se anunciaba un paro nacional para exigir que el Gobierno cumpla lo acordado con las Farc en La Habana– David Flórez, vocero de Marcha Patriótica, lanzó una cifra inquietante: en lo que va de 2017, han sido asesinados 120 líderes sociales. Aunque hay discrepancias en la cifra, pues otras entidades aseguran son unos 50 los asesinados, en los últimos días parece que esta situación ha empeorado.

Y es que en menos de tres días fueron asesinados cuatro líderes en distintas partes del país. Se trata de José Jair Cortés (en Tumaco, Nariño), Liliana Astrid Ramírez Martínez (en Coyaima, en Tolima), Eliécer Carvajal (en Puerto Guzmán, Putumayo) y Liliana Patricia Cataño Montoya (en Medellín, Antioquia).

A mediados de julio pasado, la Defensoría del Pueblo cifró en 52 el número de asesinatos contra líderes y defensores de derechos humanos en el primer semestre del año. Ante ello, la semana pasada el presidente Juan Manuel Santos convocó al Consejo Nacional de Garantías de Seguridad para analizar la violencia que afecta la seguridad de los líderes.

La Comisión se creó en febrero pasado y hace parte del acuerdo de paz firmado entre Gobierno y Farc. Tal instancia propende por el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.

 

Oscuro panorama para líderes en Colombia

Uno a uno han ido cayendo y ya suman 199 en 22 meses. Nadie sabe quién los está matando, pero lo cierto es que en Colombia proteger desde el agua hasta los derechos humanos está costando la vida, reconoce la Defensoría del Pueblo.

Y lo más desconcertante: son muertes en tiempos de paz. Desde enero de 2016, cuando la entonces poderosa guerrilla de las FARC estaba en tregua unilateral, hasta la fecha, en la que ya dejó las armas y se convirtió en partido, han muerto casi 200 líderes sociales.

Los están asesinando porque “son defensores del agua, son defensores para que no haya minería ilegal; son defensores para que no haya reclutamiento (de menores), son defensores para que no se cultive hoja de coca en sus zonas”, afirma Carlos Negret  Mosquera, defensor del Pueblo.

Uno de los casos más recientes fue el de Bernardo Cuero, líder de víctimas que fue asesinado en la puerta de su casa en el Atlántico. Antes de su muerte ya había sido víctima de un atentado, pero solo le dieron un chaleco antibalas y un celular, los cuales no fueron suficiente para salvarle la vida.