Fiscalía formula cargos contra Alcalde de Miranda por el programa PAE

Por supuestas irregularidades en la contratación para el programa de alimentos escolares, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra de Leonardo Valencia Narváez y Ayda Ximena Ruíz Meneses, Alcalde y Secretaria de Educación de Miranda, Cauca.

En el marco del Plan “Bolsillos de Cristal, cero tolerancia con la corrupción” de la Fiscalía, se puedo establecer que los hoy procesados habrían suscrito un contrato para el Programa de Alimentación Escolar, invocando la figura de la Urgencia Manifiesta, supuestamente, violando los principios del régimen contractual, al entregar el contrato a un operador que, al parecer, no reunía los requisitos de idoneidad y experiencia.

El contrato tenía un valor de más de 80 millones de pesos.

Asimismo, según la Fiscalía, en la declaratoria de urgencia manifiesta no se habrían surtido los trámites pertinentes.

El Alcalde por  su parte sostuvo “tengo mi  conciencia  tranquila  porque hemos actuado con plena  transparencia en el gobierno local, buscando siempre cumplir toda  la normatividad  y leyes existentes para  contratación y máxime en esta  caso en un tema tan importante y delicado como el que tiene que ver con la  alimentación de  nuestros  escolares”

El ente acusador les formuló cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión, los cuales no fueron aceptados por los hoy procesados.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) está siendo un quebradero de cabeza para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) desde que hace  tres  años se decidiera fortalecer esta política como parte de la estrategia de implantar la jornada única en todas las instituciones educativas oficiales del país.

Con esta decisión se trató de asegurar la permanencia de los niños en el sistema escolar, combatir las altas tasas de deserción y “mejorar la capacidad de atención de los estudiantes y, por ende, sus procesos de aprendizaje”, como se indicó en ese momento.

Sin embargo, preocupa que lo que se concibió como uno de los proyectos estratégicos del MEN en asistencia a menores ha pasado a ser un lucrativo negocio para algunos entes territoriales y prestadores de servicios de alimentación,presentándose  varios  casos  de  corrupción  e incumplimiento de  los requisitos  legales a  la  hora  de  contratar.