Andrés Felipe Arias será extraditado a Colombia para cumplir pena de 17 años de prisión

Así lo determinó una corte de la Florida quien, después de estudiar la petición del gobierno colombiano, determinó que el ex ministro de Agricultura debe cumplir con una condena de 17 años en Colombia.

El ex ministro Andrés Felipe Arias  conocido en los medios  políticos  como “Uribito” deberá regresar a Colombia a cumplir una condena de 17 años de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia.

Esa fue la decisión del juez John O’Sullivan quien, desde un juzgado del sur de la Florida, determinó que el exfuncionario debe ser extraditado a Colombia, como lo había pedido el gobierno.

La lucha para que Arias regresara al país la comenzó el gobierno colombiano, tiempo después de que la Corte Suprema de Justicia lo condenara el 16 de julio de 2014 por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos las irregularidades que se presentaron en la entrega de subsidios para campesinos en el programa Agro Ingreso Seguro.

Días antes de que el alto tribunal condenara al ex ministro, él y su familia huyeron. Allí solicitaron asilo y como regla para acceder a ese beneficio, debía guardar absoluto silencio.

Lo hizo hasta agosto de 2016 cuando fue capturado. A través de su cuenta de Twitter y de varios medios de comunicación, Arias ha asegurado que es un perseguido político del gobierno de Juan Manuel Santos. 

Precisamente, esa fue una de las estrategias que utilizó su defensa en el proceso de extradición. Sus abogados le explicaron en varias ocasiones al juez O’Sullivan que la condena que le había impuesto la Corte Suprema a su cliente no era otra cosa que una jugada política de Santos y que, por eso, le había pedido a las autoridades norteamericanas que le dieran asilo.

Otro de los argumentos que utilizó Arias para evitar su extradición, y quizás el que más polémica ocasionó, apuntaba a que entre Colombia y Estados Unidos no existe un tratado de ex tradición vigente y que por eso no podía ser enviado de regreso a su país. Según se lo explicó a la corte norteamericana, el acuerdo que firmaron ambos países en 1979 fue anulado por la Corte Suprema en 1986.

La Fiscalía dedico gran parte de sus intervenciones para desvirtuar ese argumento. El fiscal Robert Emery consideró que era inapropiado que el exfuncionario recurriera a esa estrategia para evitar su extradición. “Arias no le pide a esta Corte que interprete el tratado. Lo que le pide inapropiadamente es que decida si Colombia ratificó con éxito el tratado, un asunto que va más allá del alcance de su revisión”, señaló Emery.

Y agregó un segundo punto clave, en su concepto, para denegar la petición: “Arias Leiva no ha citado una sola decisión —ni el gobierno de los EE.UU. conoce alguna— en la cual una corte haya declarado que un tratado no está en vigencia cuando el Departamento de Estado ha dicho que sí lo está”. Emery añadió que esta diferencia en percepciones era un tema político, y no uno judicial.