Xiomara Cecilia Balanta Moreno  escogida como magistrada de sala de la JEP

 

El Jefe del Estado saluda a los juristas Diego García-Sayán, peruano, y Álvaro Gil Robles, español, miembros del comité que escogió a los 51 magistrados de la Justicia Especial de Paz.

Luego de escuchar a 40 personas, el Comité de Escogencia eligió los 18 magistrados que integrarán las tres salas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre  ellos Xiomara Cecilia Balanta Moreno .

Serán los encargados de filtrar y definir qué procesos pasarán a manos de los magistrados del Tribunal para la Paz y definir qué pasará con las amnistías de guerrilleros e indultos a militares implicados en crímenes relacionados con el conflicto.

En pocas palabras, serán el primer filtro de este sistema de justicia transicional y conformarán en grupos de seis la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, la Sala de Amnistía o Indultos y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

 

Esta Caleña  con   raíces   Afronortecaucanas se reconoce como mujer negra y defensora de los derechos humanos desde 2008. Ha trabajado en contra de la discriminación racial y del empoderamiento de la población afrocolombiana.

Su paso por la Corte Interamericana reafirmó su vocación por la  consolidación de la justicia en el país y ha sido una  de los  18  juristas prestigiosos escogidos para administrar  por primera  vez  en Colombia Justicia  Transcisional.

Ha trabajado con la Red Nacional de Mujeres Ambulua; y hace parte del Semillero de abogados (as) del Observatorio de Discriminación Racial adscrito a De justicia y al Proceso de Comunidades Negras; trabajó para Movimiento Nacional Cimarrón, donde dirigió el Centro de Justicia y Acción contra el Racismo en Cali; también estuvo vinculada con el Proceso de Comunidades Negras.

Ha sido docente y ha capacitado a los jueces de paz de Cali, por lo que cree en la justicia comunitaria.

Su abuelo  Materno el  abogado  Domingo Moreno  era  oriundo de La  Unión, Padilla y muy conocido en Puerto Tejada como en el Norte  del Cauca, en donde fue dirigente político y de él nació el  “amor por las leyes, el Derecho y el servicio a  los  demás”.

Balanta  Moreno fue visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, y actualmente, es docente tiempo completo de la Universidad de San Buenaventura Cali en el área de derechos humanos y resolución de conflictos, es Coordinadora de la Maestría en Derecho y docente de posgrados de la misma institución.

También, es docente de la Especialización en Cultura de Paz de la Universidad de Javeriana Cali, docente de la Maestría en litigio estratégico y especialización en derechos humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, docente de la especialización en Educación en derechos humanos en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – UNICATÓLICA, en Cali.

La abogada  Balanta  Moreno, es Consejera académica en Derechos Humanos de la Organización Cultura en derechos Humanos (Cultura DH) en México, y ha sido jueza y conferencista invitada en el Concurso de juicios simulados en Honduras.

 

Desde el año 2013, ha apoyado la jurisdicción especial de paz en Santiago de Cali, en convenio la Alcaldía de esta ciudad. Hizo  parte de las  jornadas masivas de conciliación en equidad con los jueces de paz, y a través de diplomados y cursos de formación hemos incrementado sus habilidades como líderes comunitarios, conciliadores, pero sobre todo como forjadores de paz en las diferentes comunas.

En diálogo  con  La  Poderosa 94.8 del FM en  Puerto Tejada   y  la  Alianza de Medios, Periódico La  Última,www.lauradio.com, Noti  Puerto Tejada  y GM Comunicaciones, se  mostró  bastante  complacida  por  esta  designación de la que ha sido  objeto  y señaló que dará  lo mejor de  sí, para “ realizar  profesionalmente  con esta  tarea  cuyo  principal objetivo de la JEP es cumplir con el deber estatal de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado”.

Lo que se busca es “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas, contribuir a luchar contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste y contribuir al logro de una paz estable y duradera” manifestó la  nueva  magistrada de la JEP  Xiomara Cecilia Balanta  Moreno.

En este acuerdo de justicia “las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En todas las actuaciones de la JEP se tomarán en cuenta como ejes centrales estos derechos y la gravedad del sufrimiento infligido” expresó la  destacada  jurisconsulta.

Balanta Moreno sostuvo además  que  “Por esta razón, la JEP adoptará decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Todas las decisiones de la JEP harán tránsito a cosa juzgada cuando estén en firme y se garantizará su que no cambien en el futuro”.

La   abogada Caleña  con raíces  Afronortecaucanas  explicó  que  igualmente que  el Tribunal para la Paz será el órgano de cierre de la JEP. Las decisiones de la JEP sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el Tribunal para la Paz.

“Cada caso que sea tratado en la JEP deberá reunir las condiciones que sobre verdad, reparación y no repetición se establezcan en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En las resoluciones y sentencias de la JEP se comprobarán los requisitos” aclaró  finalmente  Xiomara  Cecilia  Balanta  Moreno.

La  jurista  explicó  en la entrevista  a  la  Alianza  de  Medios  que  “En el acuerdo  de la Habana se especificó que la Jurisdicción Especial prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas en el contexto del conflicto armado. Lo anterior no impide que la justicia ordinaria continúe investigando, juzgando y sancionado los hechos y conductas que no sean competencia de la JEP”.

Todo aquello que entre en esta jurisdicción tendrá la garantía de que los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, asistencia de abogado, presunción de inocencia y la independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales serán respetados.

Acerca  del  funcionamiento de la  nueva  Justicia  transicional con la  JEP  la  abogada  Balanta  Moreno  señaló que  “Las personas podrán ejercer su derecho a la defensa ante todos los órganos de la JEP y recurrir las resoluciones y sentencias de las salas y secciones. Todas las decisiones de la JEP serán debidamente motivadas y fundamentadas en pruebas confiables y admisibles ante tribunales de justicia”,  tal como quedó plasmado en el documento en el que se explica el funcionamiento de la JEP.

Así mismo, tendrá un enfoque diferencial en el que se tendrá en cuenta las distintas consecuencias de las violaciones contra mujeres así como contra los grupos más vulnerables, sujetos de especial protección, o especialmente afectados por el conflicto, entre ellos los pueblos indígenas, las comunidades afro­descendientes, los campesinos, los más pobres, las personas en condición de discapacidad, las personas desplazadas y refugiadas, la población LGBTI y los adultos mayores.

Finalmente la  jurista  precisó  que   “Los delitos no amnistiables ni indultables, como los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, en especial de los casos más graves y representativos, serán ocupados por el Tribunal para la Paz”.

Dejando en claro de  esta  manera   que  cada uno de estos casos aplican tanto a miembros de grupos armados ilegales que suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno y la participación en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición estará sujeta a la dejación de armas. Respecto de los agentes del Estado, la JEP se aplicará a quienes hayan cometido delitos en el conflicto armado.

Los miembros de los grupos paramilitares que se desmovilizaron vienen rindiendo cuentas ante la justicia en los procesos de Justicia y Paz y en la justicia ordinaria, y en esa medida sus casos no serán competencia de la JEP