A partir de hoy 9.634 sindicados podrán pedir su libertad amparados en la Ley 1786

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Debido a que la justicia no logró en el último año resolver la situación judicial de 9.634 sindicados que están en las cárceles, a partir de este sábado esas personas podrán empezar a pedir su libertad amparados en la Ley 1786 del 2016, que buscaba racionalizar el uso de las medidas de aseguramiento.

 

El ‘día cero’ llegó sin que el aparato judicial hiciera la tarea y, por eso, todo preso que lleve más de un año tras las rejas, en el caso de delitos menores, o dos, para todas las demás conductas, tiene una vía franca para regresar a las calles.

Entre los que podrán acogerse a esa gabela aparecen nombres tan polémicos como el de Carlos Albornoz, exjefe de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes que lleva cuatro años preso, y el exgobernador de Arauca Julio Acosta, que está detenido desde el 2011 por un homicidio cometido por grupos paramilitares.

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En la fila de los que buscarán la libertad también aparecen el abogado Álvaro Dávila, uno de los protagonistas del escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, y Humberto Agámez Ortiz, exalcalde de Puerto Salgar, Cundinamarca, que tiene 26 cargos en su contra por corrupción. Todos ellos llevan más de dos años detenidos sin que se haya definido su inocencia o culpabilidad.

Pero no solo procesados de cuello blanco están ad portas de dejar sus centros penitenciarios.

Hace dos años, los medios de comunicación de Norte de Santander publicaron la historia de Nehemías Alarcón Núñez, señalado por la Fiscalía de ser el jefe de una banda de estafadores que les robaron a habitantes de Cúcuta cerca de 4.000 millones de pesos. Alarcón tiene 19 procesos en su contra por estafa y enriquecimiento ilícito.

Su nombre aparece en una lista de la Dijín que alerta sobre el riesgo de salida de este y otros 11 hombres y mujeres que tienen en común el alto número de procesos (más de 10).

En esa relación aparecen también Javier Emilio Carreño, acusado, entre otros delitos, de un homicidio, dos amenazas, dos fraudes procesales y una extorsión.

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Roberto Carlos Torres tiene en su contra 49 cargos por hurto, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, fuga de presos e inasistencia alimentaria y hasta el viernes no se había logrado realizar la audiencia para pedir la ampliación de la medida de aseguramiento. Lo propio pasa con William Oliveros González, acusado de daño en bien ajeno, estafa, fabricación y porte de armas y fraude procesal.

Todo esto a pesar de que hace un año el país estuvo en la misma emergencia y se tuvo que tramitar una ley para ampliar por un año la entrada en vigor de las normas que imponían libertades en casos de mora injustificada de la justicia. El plazo, de nuevo, se cumplió sin mayores avances.

Según datos del Inpec, hace un año había 10.884 personas en riesgo de recuperar la libertad por llevar 21 meses o más detenidas sin condena: hoy esa cifra es de 9.634; es decir, en teoría habría sido resuelta la situación de solo 1.250 personas.
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Por orden del fiscal Néstor Humberto Martínez, el ente acusador empezó en los últimos meses a pedir audiencias para buscar, en los casos más representativos, que los jueces concedieran la ampliación de la detención. Esto, demostrando que las dilaciones correspondían a estrategias de los procesados o a causas de fuerza mayor.
Se pidieron unas 4.000 audiencias de este tipo, pero muchas de ellas se quedaron en el cuello de botella de los juzgados, que sin esta urgencia ya tenían más de 100.000 sesiones con retrasos de meses.

“Hemos trabajado para disminuir los efectos de esa norma que puede afectar mucho a los colombianos –dijo en su momento Martínez Neira– (…). Insisto en que esta es una vía equivocada y por eso la labor del fiscal es llamar la atención para que no sigamos atravesando por esos caminos inciertos”.

Alertas de la Fiscalía señalaban hace menos de un mes que solo en Bogotá podrían volver a las calles 402 presos por delitos sexuales, 296 capturados por hurto agravado y 17 sindicados de homicidio. Todos tienen 24 meses o más en la cárcel sin que se haya resuelto su proceso.

Las prórrogas no pueden en todo caso pedirse para todos los procesos porque se deben cumplir ciertas condiciones; así pues, desde el martes, los jueces de control de garantías del país van a recibir una avalancha de solicitudes de libertad, que podrán ser tanto de personas detenidas en cárceles como de quienes están en detención domiciliaria (988 exactamente).

El Ministerio de Justicia sostiene que no habrá una excarcelación masiva y que las normas que han llevado a esta situación buscan prevenir demandas contra la Nación y cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional.