Denuncian  que en Puerto Tejada siguen las promesas incumplidas  a las  víctimas

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Las Mesas de Víctimas hacen parte de los espacios que el Estado ofrece a la población para garantizar la incidencia en las políticas que los afectan. Son también los espacios institucionales de representación de la población afectada por el conflicto para la interlocución con el Estado, en todos los niveles territoriales (municipal, departamental, distrital y nacional), y su fin es la incidencia en la construcción, ejecución y control de las políticas públicas para las víctimas.

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En Puerto Tejada  la  coordinadora  de la  Mesa  Municipal de  Víctimas  la lideresa Rosy   Pérez en diálogo con  el Magazín Punto Clave de la  emisora  la Poderosa en el 94.8 FM, www.lauradio.com y el Periódico La  Última expresó  que sigue causando preocupación las  continuas  amenazas  contra los  líderes  sociales  y defensores  de derechos humanos en el cauca.

La vocera de este  colectivo  en  Puerto Tejada  condenó  el crimen  del representante de víctimas en el Atlántico Bernardo Cuero   quien fue asesinado  en su residencia del barrio Villa Esperanza en el Municipio de Malambo en el Área Metropolitana de Barranquilla. Cuero,  el cual además era el presidente de la Junta de Acción Comunal, llegó como desplazado en el año 2003, procedente de Tumaco en el Departamento de Nariño y pertenecía  a Afrodes.

Pérez  denunció que  aún continúan  las  amenazas contra los  líderes sociales  y defensores  de  derechos  humanos  en  el Norte del  Cauca  sin que las  autoridades  se  inmuten ante este  riesgo  puesto en conocimiento oportunamente  ante  la  defensoría del pueblo y  la  propia  fiscalía  general  de  la  Nación.

Si  fuera  para matarla  hace  rato  la hubieran matado asegura   Rosy Albán  Pérez que es  la respuesta que se le da  en la  instancia  judicial  y  que “ La  Unidad  Nacional de Protección  no ofrece  garantías  a  las  víctimas  mientras no tengamos  un padrino político  fuerte, no actúan”.

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En su caso personal  ratificó que  tiene tres  denuncias  en  fiscalía, dos denuncias  por  amenazas telefónicas y una denuncia  por  amenaza y agresiones  físicas, a lo cual le responden  que  si  “hubiese sido  para  matarnos, ya  nos  habrían  matado hace  tiempo”, al tiempo que  puso en conocimiento que  sus  compañeras  de  la Mesa del municipio de  padilla fueron  amenazadas  con  panfletos intimidantes en incluso contra  sus  familiares.

Otras  de  las líderes  amenazadas fue  la coordinadora de Mesa Municipal de víctimas  en corinto  a  quien  debió  abandonar  su  territorio.

Rosy  Pérez  aseguró que  con la  Administración Municipal de  Puerto Tejada “ No hay  articulación, porque  muy pocas  son las cosas que se dicen  de boca y las que se hacen de hecho, con la Personería  estamos  conversando  para  la atención de una  población  desplazada, además del cumplimiento  de  las reglamentaciones para atender  las  garantías  que deberíamos  tener  las  víctimas y lo cierto es que hasta el momento  no nos  han brindado un espacio por lo que estamos planteando hacer  una  acción de  cumplimiento  contra  el Alcalde”.

La  coordinadora  en sus  declaraciones  a la RED de  medios  informativos  de  Puerto Tejada  señaló  además que  en  Puerto Tejada  ha  habido  muchos  casos  de  “supuestas víctimas que como se dice  coloquialmente  han  querido  meterle  goles  al Estado”.

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Puerto Tejada  tiene  un total de  1370  víctimas por parte  de  los  paramilitares de un total de  3768  víctimas  por  homicidio y desplazados provenientes  principalmente  del  Litoral pacífico  caucano, siendo la  mayoría  mujeres, registradas  en la Unidad  Municipal   sin contar las registradas  en los años  2016  y 2017.

Rosy Pérez  manifestó que por acción de  las  pandillas en  Puerto Tejada  se  tiene  registradas desde que  opera  la Mesa  Municipal un total de  468  víctimas desde el 2013 hasta  el  2017  que  no son  contempladas  en  la Ley  como víctimas del  conflicto armado.

El estudio de esta realidad destaca los avances significativos en la implementación de la Ley de Víctimas, particularmente en la unificación del registro de víctimas, que ha permitido obtener mayor claridad sobre el número y tipo de víctimas, y en la entrega de indemnizaciones. Sin embargo, los niveles de cumplimiento en otras áreas son todavía bastante deficitarios.

El caso de  Puerto Tejada deja  entrever  entonces   que la Ley de Víctimas y el discurso político hacen promesas difíciles de cumplir cuando aseguran que la reparación transformará vidas y será integral.

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No consideran los niveles de pobreza y marginalidad en que viven muchas víctimas, ni tampoco su desbordante número. Cuando dichas promesas son hechas por ley, la incapacidad de cumplirlas afecta seriamente a la credibilidad de la ley y la seguridad jurídica. Los compromisos legales que el Estado adquirió con la Ley de Víctimas no pueden ser exonerados posteriormente bajo argumentos de falta de capacidad o previsión por parte del propio Estado.

Queda  entonces  claro  que sin el esencial apoyo de una política social complementaria, es imposible que el discurso de la reparación transformadora se convierta en una realidad para las víctimas.

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Las promesas incumplidas de la Ley 1448 han creado frustración entre las víctimas. El establecimiento de los servicios de salud y, especialmente, el apoyo psicosocial ha sufrido graves demoras, las necesidades educativas de las víctimas o de sus hijos no han sido debidamente atendidas, o las ayudas a la vivienda han sido insuficientes y tardías.

La falta de respuesta por parte de otras instituciones responsables de cuestiones esenciales para que la reparación sea realmente integral –como la educación, la vivienda, la salud o la exención del servicio militar obligatorio– han hecho que los esfuerzos de la Unidad de Víctimas sean percibidos como débiles por las víctimas.

La atención de las necesidades específicas de las mujeres que han sufrido violaciones graves de derechos humanos a causa del conflicto armado sigue siendo aún un desafío para el Estado. A pesar de que la Ley de Víctimas hace especial énfasis en el desarrollo de un enfoque diferencial, con atención especializada para las mujeres, esto no se ha traducido en acciones concretas.

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“Se habla de crear programas de formación, proyectos productivos, programas para mujeres empresarias, horarios especiales para talleres de atención psicosocial, pero aún nada de esto se concreta con la cobertura necesaria para las mujeres víctimas”, dice  Rosy Pérez  coordinadora  de  la Mesa  de  Víctimas  de  Puerto  Tejada.

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Redacciòn