La Corte Constitucional ordenó al ICBF reconocer pensiones a solo 106 madres comunitarias

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La Corte Constitucional le ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) pagar la pensión de 106 madres comunitarias de diferentes partes del país que interpusieron tutelas para que se les reconociera este derecho pensional.

La sentencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, que aún está en proceso de ser firmada por los demás magistrados, reconoce que en la relación laboral entre las madres comunitarias y el ICBF hay un «contrato realidad», por el que se deben pagar dichas prestaciones.

Esto, a pesar de que el ICBF no contrata directamente con las madres comunitarias sino a través de entidades sin ánimo de lucro y de que estas mujeres nunca han cotizado al sistema.

La sala plena de la Corte Constitucional estableció que el derecho de recibir pensión solamente es de las 106 madres comunitarias que demandaron su derecho legal y que trabajan con el ICBF desde 1988.

La corte protegió «los derechos fundamentales a la dignidad, seguridad social y mínimo vital», de las 106 madres es decir que «en pensiones lo que se reconoce es un subsidio para las madres que no alcancen a pensionarse».

El ICBF había solicitado la nulidad total de la sentencia T-480 que cobijaba a las madres comunitarias que habían iniciado sus labores desde 1988.

Los alcances de la decisión

Según el presidente de la Corte, Luis Guillermo Guerrero, la decisión tiene límites pues no reconoce el pago de los salarios «se decidió declarar la nulidad parcial de la sentencia T- 480 de 2016 por considerar que la misma contrariaba la jurisprudencia constitucional aplicable, sin embargo en la misma decisión la corte decidió mantener la protección de las madres comunitarias tutelantes a los aportes a la pensión»

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Según el abogado de las madres, Juan Pablo Mantilla, el tema de los salarios queda excluido «lamentamos que la Corte haya desestimado los derechos en los salarios pero celebramos que mantenga el derecho pensional porque la mayoría de madres cumple con los requisitos para reclamar la pensión (…) las madres que no hacen parte del grupo de las 106 madres deberán acudir a los reclamos respectivos porque en Colombia funciona la jurisdicción rogada con las acciones pertinentes»

El magistrado por su parte aclara que el fallo es un precedente para las madres que exijan su derecho a futuro, «es lo que debe resolverse a cada caso concreto (…) de acuerdo con la legislación cabe la protección en pensión pero no el derecho a los salarios».

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El abogado explica que la Corte amparo los derechos de las madres del Valle del Cauca, Antioquia y Nariño «la decisión solo fue dirigida a las 106 años y la sentencia T-480 tenía un exhorto en el cual se le conminaba al ICBF a que buscará escenario concertación a las madres que tenían derecho».

Actualmente hay madres de 62 y 80 años de edad «una mujer que quiera acceder al derecho pensional tiene que tener 57 años de edad y 1300 semanas de cotización y ellas cumplen el requisito», dijo el abogado que evaluarán los recursos pertinentes para la protección de las demás madres comunitarias.

Juan Pablo Mantilla, abogado representante del Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de la Infancia y Adolecentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi), explicó que, inicialmente, iniciaron una reclamación administrativa en el Icbf por estos derechos; sin embargo, la entidad siempre argumentó que las madres comunitarias prestaban ese servicio de manera voluntaria, por lo que las obligaciones con ellas recaían en los intermediarios, es decir, las entidades prestadoras del servicio.

Mantilla señaló que la decisión de la Corte , “redunda en favor de todos los trabajadores de Colombia, en los que el empleador simula una relación civil en cambio de una de trabajo, que es lo que venía haciendo el Icbf con las madres comunitarias”.

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El fallo, que podría extenderse a las más de 120.000 madres comunitarias que han pasado por el ICBF tutela los derechos de estas mujeres a la igualdad, seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital, y al trabajo «desde la fecha de su vinculación al programa Hogares Comunitarios de Bienestar hasta el 31 de enero del 2014».

El fallo también le da un mes al ICBF para que un mes después de ser notificado de la sentencia «pague a favor de cada una de las accionantes ya identificadas los salarios y prestaciones sociales causados y dejados de percibir».

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“Se trata de una decisión sin precedentes, pues es la primera vez que la Corte decide que por vía tutela se puede reconocer un contrato de trabajo», aseveró Mantilla, quien agregó que en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño las madres comunitarias han presentado recursos similares.