Los sucesos del 9 de abril de 1948 como legitimadores de la violencia oficial

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El 9 de abril de 1948, día del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, constituye un momento de particular importancia en la historia de Colombia. En primer lugar, son muchos los que aún hoy, 69 años después de su muerte, consideran que ese «magnicidio» frustró indefinidamente las esperanzas de todos aquellos que veían en Gaitán la posibilidad de acceder a una sociedad realmente democrática, más justa, menos excluyente.

Esta imagen tradicional que se tiene del «caudillo del pueblo» se encuentra legitimada, entre otros aspectos, por numerosos escritos en los que Gaitán aparece, invariablemente, como una especie de mesías que, una vez llegara a la presidencia, iba a solucionar muchos de los males que en ese entonces aquejaban a la sociedad colombiana.

Los testimonios de muchísimos colombianos que vivieron la época de «la violencia» corroboran esa misma imagen en la que Gaitán aparece como el abanderado en la lucha contra las injusticias sociales, la corrupción, la exclusión política, etc.

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La importancia del viernes 9 de abril también se puede apreciar en otros aspectos. La muerte de Gaitán provocó verdaderas insurrecciones populares en diferentes lugares del país (las llamadas «juntas revolucionarias» se tomaron el poder en diferentes localidades y subvirtieron momentáneamente el orden).

Por otra parte, a partir de esa fecha, la violencia, que ya venía manifestándose con una gran intensidad desde tiempo atrás, adquirió un ritmo particularmente escalofriante.

El distanciamiento entre el bipartidismo se acentuó, haciendo cada vez más difícil establecer gobiernos de coalición. Además, el Ejército, que hasta entonces había conservado una cierta neutralidad en medio de todos los conflictos, empezó a identificarse con el gobierno.

Pero lo que nos interesa en este artículo es destacar otro aspecto, quizá menos conocido por el público en general a pesar de que guarda, a nuestro parecer, una gran importancia. Se trata de la interpretación que hicieron del 9 de abril tanto el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950), como las élites en general.

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Ese tipo de lectura de lo sucedido aquel fatídico viernes justificó y sigue justificando hoy en día- la respuesta violenta por parte de todos aquellos que vieron en la irrupción de los marginados políticos y sociales una amenaza para el «orden» establecido.

En ese sentido, lo sucedido el 9 de abril de 1948 fue aprovechado por la clase dirigente para darle una determinada interpretación ideológica a partir de la cual se pudieran deslegitimar las reivindicaciones de los sectores excluidos, estrategia que sería -el tiempo se ha encargado de demostrarlo- de una gran eficacia para acallar todo brote de oposición.

Es decir que en el mismo momento en que las masas populares creían adquirir su independencia como actores sociales -¿acaso no salieron, por su propia cuenta, a vengar la muerte del «líder» social, atacando y destruyendo todos los símbolos que representaban el poder?-, lo que en realidad se estaba presenciando era su desmantelamiento como actores autónomos.

Hoy en día, 69 años después, no se vislumbra aún, en el escenario político colombiano, un movimiento o partido de oposición que ofrezca una alternativa sólida, creíble y legítima frente al bipartidismo tradicional.

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El 9 de abril fue eso para las élites, una oportunidad más para deslegitimar al «exterior de lo social»: el populacho, los revoltososos, los salvajes. Y como lo dijimos desde un comienzo, la historia, en ese sentido, no ha cambiado mucho 69 años después, pues hoy en día los campesinos movilizados, los trabajadores en huelga, los defensores de los derechos humanos, y tantos otros sectores e individuos, siguen siendo vistos por el Estado y por una parte de la sociedad como elementos manipulados por las guerrillas comunistas y, por eso mismo, altamente peligrosos para el país.

En el fondo, el «otro», cualquiera sea su rostro, no tiene cabida en una sociedad que ha erigido a la intolerancia y a la exclusión en pilares básicos de su funcionamiento.

Es por ello que la asombrosa debilidad de los movimientos de oposición, que ha caracterizado a Colombia a lo largo de toda su historia, no puede ser desligada de esa visión que, desde las altas esferas, se ha tenido -y se ha difundido exitosamente- del «otro», visión que legitima la represión sistemática con que éste ha sido combatido.

No olvidemos que la estabilidad de nuestra «democracia» ha reposado en regímenes de excepción. Dentro de ese contexto, las recientes advertencias dirigidas por la Comunidad Europea al gobierno colombiano por su tendencia a criminalizar las protestas sociales resultan sin duda refrescantes, pero, al mismo tiempo, no deja de ser profundamente vergonzoso y humillante que la atención de un país en torno al respeto de los derechos humanos esté determinada por las presiones económicas de la comunidad internacional.

Por: Ricardo Arias

Profesor   del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, candidato a Ph. D. en la Universidad de Mx-en-Provence, Francia