Detención domiciliaria para esposa del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz

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Un juez de control de garantías aceptó la solicitud presentada por la Fiscalía General. Soraya Rozo aceptó su responsabilidad en el delito de obstrucción y ocultamiento de elemento material probatorio.

 

El juez 39 de control de garantías cobijó con detención domiciliaria a la abogada Luz Zoraida Rozo, esposa del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, en el marco del proceso que se le adelanta por el ofrecimiento de dinero para afectar el curso de la investigación que se adelantaba contra el mandatario departamental por el escándalo del ‘carrusel de la contratación’.

El funcionario judicial consideró que la abogada representa un peligropara la comunidad debido a la gravedad del delito imputado por la Fiscalía General. En este sentido el juez señaló que la medida de aseguramiento en necesaria y justificada, sin embargo debido a los problemas de salud que presenta la misma debe ser cumplida en su domicilio.

En la diligencia judicial celebrada este lunes, Rozo aceptó su responsabilidad en el delito de obstrucción y ocultamiento de información. Según la investigación de la Fiscalía fue la encargada de contactar a un procurador y un abogado para que «movieran» sus influencias en las altas esferas del ente para afectar la investigación.

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«Da las órdenes para que no se encuentren elementos materiales probatorios, documentación que se pretendía recoger en diligencias de allanamiento», precisó el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema al manifestar que se expone a una pena que está entre los 4 y los 12 años de prisión.

Actualmente el exgobernador de Cundinamarca se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. El pasado 2 de octubre aceptó su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y abuso de confianza.

Entre el 2 de diciembre de 2009 y el 26 de enero de 2010 el ingeniero Álvaro Cruz Vargas entregó 800 millones de pesos para resultar beneficiado con el contrato 197 de la Unión Temporal Asfaltos que tenía un valor de 25 mil millones de pesos para el reparcheo de la malla vial de la capital de la República.

Estos sobornos tenían como destino a Iván Hernández Daza, director de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) quien en últimas era el encargado de firmar el contrato en el cual Cruz Vargas tenía un gran interés para que le fuera adjudicado a la firma ICM Ingenieros en la que fungía como representante legal.

Con el pago de esta suma de dinero buscó sacar un provecho propio puesto que Hernández Daza –ya condenado por el ‘carrusel de la contratación’- le entregó información privilegiada para que su propuesta fuera seleccionada. “Lo hizo de manera dolosa e intencional”.

Otra parte del dinero fue dirigida a los entonces concejales Andrés Camacho Casado, Hipólito Moreno y Orlando Parada Díaz –todos condenados por el ‘carrusel’- para que no realizarán el control político de dicho contrato vial.

Redacciòn