«Multa de la SIC por 234mil millones de pesos a Azucareros es confiscatoria y un duro golpe al sector» Martínez Neira

Una multa de $324.000 millones impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a la Asociación de Cultivadores de Caña , Asocaña , al igual que a las empresas Ciamsa y Dicsa además de a 12 ingenios azucareros y 14 directivos del sector, a quienes sindica de haber obstruido importaciones del granulado desde Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

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El abogado Néstor Humberto Martínez Neira, apoderado de varios de los ingenios, calificó las elevadas multas como “confiscatorias” y que “le hacen grave daño a la industria y al Valle”.
Anotó  el ex ministro de Estado que “las multas impuestas por la Superindustria ascienden a todas las utilidades del 2014 de los ingenios, más las del 2013 y la mitad de las obtenidas en 2012”.
Eso, dijo el prestigioso abogado, “es una industria que se queda sin las utilidades de los últimos tres años”. Puso de presente que” Asocaña que es el gremio recibió una multa de $30.000 millones, que es casi ocho veces su patrimonio”.
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Martínez Neira dijo que pese a ello “apelamos a la sensatez y el sentido de la justicia  del Superindentente porque en realidad es una pena de muerte que se le impone al sector azucarero nacional”.
Por su parte, el abogado Pablo Cáceres, apoderado de Asocaña, afirmó que “las acusaciones de la Superintendencia son falsas. En el caso de Asocaña quedó demostrado hasta la saciedad que las importaciones nunca se obstruyeron y se adjuntaron los registros de las importaciones que los industriales han hecho a lo largo de los años, desde el momento mismo del período de inicio de la investigación».
 
Subrayó, “en la investigación nunca se mencionaron importaciones procedentes de Guatemala y El Salvador, por lo cual es abiertamente ilegal una sanción sobre hechos que no figuran en la investigación”.
 
Contra las sanciones existe recurso de reposición  a presentar por parte de las empresas afectadas.
Se afectará viabilidad del sector, dice la Andi
Frente a las sanciones impuestas por la SIC a los ingenios azucareros del Valle, la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, seccional Valle, consideró que “más allá de la culpabilidad o no de los implicados –tarea que es respetable y corresponde a los entes de control, – el análisis del monto y magnitud de las sanciones pueden llegar a afectar la viabilidad del sector, vital generador de empleos en el Valle”.
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El gerente seccional de ese gremio, Gabriel  Velasco Ocampo, dijo que  las multas “sí pueden llegar a sobrepasar el 100% de las utilidades de algunas compañías, hecho que significaría un golpe importante a la economía regional”.
Enfatizó que “en este escenario, se abre nuevamente el debate sobre los procedimientos de investigación, debido proceso y apelación con que cuentan las empresas y personas asociadas a este tipo de investigaciones”.
 
Anoche,  el ingenio Riopaila Castilla, a través de un comunicado aclaró que la compañía no ha sido notificada de las sanciones de la Superindustria.
Resaltó que “la empresa es respetuosa de la decisión de la Superindustria. Sin embargo, está convencida de la transparencia y legalidad de su proceder en el total respeto a la libre competencia, y por lo tanto, acudirá al recurso de reposición. Además, como lo hemos manifestado, consideramos que durante el proceso se han cometido fallas graves procesales y se nos ha violado el debido proceso, el derecho legítimo a la defensa”.
Mientras  tanto comienzan  a  conocerse reacciones  por parte de dirigentes del sector y de voceros de la fuerza  laboral de la Industria Azucarera en los Departamentos de Cauca y valle en donde su funcionamiento es vital para  la economía regional, la cual se vería abocada  a una inminente crisis.
Historia de una sanción anunciada
La historia se remonta al año 2010, cuando un grupo de empresas que utilizan el azúcar como
insumo en sus procesos productivos, varias de ellas pertenecientes al denominado Sindicato Antioqueño, interpuso una denuncia contra los industriales del azúcar en el Valle del Cauca.nutresa-21

Dentro de ese grupo de denunciantes figuraban la Compañía Nacional de Chocolates, la Compañía de Galletas Noel, Casa Luker, Nestlé de Colombia, Bimbo de Colombia, Meals de Colombia S.A., Coca-Cola Femsa, Bavaria, Coca-Cola Industria Nacional de Gaseosas, Aje Colombia, la Asociación de Agroindustriales del Bocadillo Veleño y Comestibles San Antonio.

La denuncia decía, en resumen, que el gremio azucarero había urdido y ejecutado un complejo plan para obligar a los consumidores colombianos a comprar el granulado que los ingenios nacionales producen, al precio que éstos quisieran.

Después de un largo proceso de indagación preliminar, en febrero de 2012 la Superintendencia de Industria y Comercio decidió abrir dos investigaciones formales contra el sector azucarero.

La primera buscaba verificar si era cierto que los industriales habían hecho un acuerdo para distribuirse el mercado colombiano, en virtud del cual a cada ingenio le correspondía una determinada cuota de producción.

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La segunda buscaba saber si era cierto que el sector azucarero estaba impidiendo el ingreso de azúcar importada de otros países al mercado colombiano.

Ambas conductas, según la Ley, representan una clara limitación a la libre competencia y, por lo tanto, afectan el bolsillo del consumidor, al no permitirle acceder a una oferta amplia y diversa que le garantice comprar el producto al mejor precio.

En julio de este año, el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia concluyó que no había meritos para seguir avanzando en la primera investigación y recomendó al Superintendente general exonerar de los cargos formulados a 12 ingenios, a Asocaña (gremio que los representa) y a un grupo de personas naturales investigadas.

En su pronunciamiento de este miércoles, el Superintendente general, Pablo Felipe Robledo, acogió y ratificó ese concepto, pero dejó en claro las razones por las que se abstuvo de emitir una sanción.

En primer lugar, dijo, el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, FEPA, mecanismo creado por el Gobierno para proteger a la industria azucarera de las fluctuaciones de los mercados externos, “en ningún momento prevé la aplicación de un mecanismo para asignar cuotas de producción o suministro en el mercado”.

Sin embargo, advirtió que el FEPA “se encuentra desnaturalizado por cuanto se convirtió en instrumento idóneo para fijar cuotas de producción o suministro”.

¿Por qué, entonces, la Superintendencia se abstuvo de actuar en este caso? Porque admitió que “está limitada para ejercer sus facultades de protección de la competencia e imponer sanciones (…) cuando están de por medio instrumentos de política pública intervencionista, como el FEPA.

Por eso, solo se limitó a pedirle al Gobierno que revise la metodología de trabajo del FEPA, y en un plazo de seis meses le presente una nueva, con el fin de verificar que el Fondo no será usado para fijar cuotas en el mercado del azúcar.

Fue en la segunda investigación donde la Superintendencia encontró evidencias de que la industria azucarera impidió la libre competencia, y por ello determinó sanciones que en conjunto superan los $324.000 millones para personas jurídicas y naturales.

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Según la entidad, “para contrarrestar la amenaza que suponía para sus intereses la entrada al país de azúcar proveniente del exterior, los investigados concibieron y ejecutaron deliberadamente una estrategia anticompetitiva, ilegal, concertada, coordinada y continuada encaminada a bloquear importaciones de azúcar a Colombia en general, para evitar que aumentara la oferta y disminuyera el precio interno que pagan los consumidores y la industria”.

Además, dice el informe oficial, “se evidenció el interés de los investigados por asegurar y mantener el control sobre los excedentes de azúcar de los principales ingenios de la región para que no pudieran ser exportados a Colombia”. La Superintendencia se refiere a ingenios fundamentalmente de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

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Para este propósito, explica la Superintendencia, “los investigados concibieron varias estrategias, incluso, la creación de empresas para adquirir excedentes regionales y evitar que estos llegasen a Colombia”.

“Un primer caso encontrado por esta Superintendencia que evidencia el desarrollo de la estrategia para obstruir importaciones por parte de los investigados, fueron las negociaciones con los ingenios bolivianos con el propósito exclusivo de controlar sus excedentes y procurar que estos no exportaran “ni un grano de azúcar a Colombia”, y así evitar que los mayoristas y comerciantes

colombianos accedieran al producto a través de importaciones”, dice el documento de la Superintendencia.

Y agrega: “Otro ejemplo de la materialización de la estrategia de los investigados dirigida a bloquear la entrada al país de azúcar proveniente de otros países, consistió en la obstrucción a través de Asocaña y Ciamsa a industriales colombianos que requieren azúcar como insumo, para que la importen directamente de ingenios extranjeros”.

Según la Superintendencia, “esta conducta fue ejecutada en varios escenarios y para países como Costa Rica, Ecuador, Guatemala y El Salvador en los que se demostró que la posición de los investigados era impedir o al menos obstaculizar la compra directa de azúcar a ingenios extranjeros por parte de industriales y comerciantes colombianos, a través de convenios con ingenios extranjeros o sus agremiaciones para que las ventas directas a industriales requirieran la tramitación de diferentes autorizaciones y permisos especiales impuestos por ellos mismos”.

Las empresas y personas sancionadas, sin embargo, podrán presentar recurso de reposición ante la Superintendencia, para que esta revise de nuevo sus alegatos frente al informe de la investigación.

La Superintendencia también aclaró que decidió exonerar a dos personas naturales: se trata de Djalma Teixeira De Lima Filho, actual presidente del Ingenio Riopaila y quien se incorporó a esa compañía cuando ya había iniciado la investigación, y Luis Augusto Jaramillo Palacio, quien falleció en el curso de la misma.