Rechazan nueva «humillación» a la Fuerza Pública en el Cauca

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Voces de rechazo  e  indignación comienzan a  conocerse  tras registrarse lo que se ha entendido como una nueva humillación a   la Fuerza  Pública , luego de  la afrenta  que fue objeto La Policía Nacional  por el desalojo a  la  fuerza que fueron víctimas los uniformados en El Mango, en Argelia (Cauca), cuando pobladores de este corregimiento arremetieron en masa con el propósito de obligar a salir a los uniformados de su lugar.

Según la informació conocida por los medios de comunicación, los pobladores de este corregimiento actuaron presionados  supuestamente por integrantes del frente 60 de las Farc, e incendiaron las instalaciones aledañas a la estación, en las que los policías preparan sus alimentos y con maquinas pesadas derribaron las barreras de protección.

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“Frente a la inédita situación, y ante el riesgo de eventual confrontación con la comunidad instrumentalizada por los guerrilleros y para evitar que se desencadenara una tragedia, las unidades se movilizaron hacia la cabecera municipal”, confirmó  un alto vocero de Policía.

Además, resaltaron que esta agresión evidencia que las Farc han querido poner en riesgo la seguridad e integridad de la comunidad, por lo que la Policía, en coordinación con el Ejército Nacional, en jurisdicción del mencionado municipio, continuarán garantizando la seguridad de los habitantes.

Rechazo de la Defensoría del Pueblo

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El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidió medidas urgentes para garantizar la presencia del Estado en el corregimiento de El Mango, en el sur del Cauca, y rechazó las vías de hecho de los civiles, que culminaron con el desalojo de los policías que prestaban su servicio en esa población.

Este llamado se produjo después que cerca de mil habitantes de este corregimiento adelantaran una manifestación para expulsar a los policías de la zona, alegando que se sienten inseguros con la presencia de una estación tan cerca de sus viviendas.

En comunicaciones enviadas al ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, y al director general de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, Otálora manifestó que ante la fuerte influencia de las Farc en esa región, resulta necesario mantener la seguridad e impedir que los habitantes queden a merced de este grupo armado.

«Son lamentables los hechos que se han presentado de desobediencia civil por parte de la comunidad, de expulsar a la fuerza pública. Hacemos un vehemente llamado al respeto y al acatamiento por parte de los habitantes del sector del país. Nos solidarizamos con la fuerza pública por la defensa de la constitución y la ley», comentó Otálora.

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La Defensoría Regional Cauca, que ha hecho seguimiento permanente a la situación, conoció que en la tarde de este martes se suscribió un acta de entrega, tanto de los uniformados como del armamento y demás recursos con que contaba la Policía en el corregimiento, quedando a disposición del Comando de ese departamento.

Así mismo, calificó como inaceptable la conducta de quienes promovieron el desalojo de los policías y pidió investigar las circunstancias que rodearon el movimiento de asonada, para determinar las responsabilidades individuales de ciudadanos y eventualmente de servidores públicos que podrían estar comprometidos con los desórdenes registrados en el mencionado corregimiento.

“Resulta paradójico que las comunidades pidan ampliar el pie de fuerza en los más de 1.000 municipios del país, y en este municipio no quieran la presencia de las Fuerzas Armadas”, sentenció Otálora.

Uno de los 35 policías que fueron desalojados por los habitantes del corregimiento de El Mango, en el sur del Cauca, relató  que desde hace más de 15 días las Farc amenazaron a la comunidad para que los sacaran del corregimiento.

El uniformado afirmó que varios habitantes les comentaron que estaban recibiendo amenazas de las Farc sobre una toma del corregimiento si no cumplían sus exigencias. “Comandantes de las Farc les dijeron que les daban tres días para que nos sacaran y que si no nos sacaban, ellos no respondían por los hechos que pasaran”.

Denunció que la institución los tenía abandonados, que vivían en situaciones precarias “vivíamos como animales, llevo un poco de tiempo sin ver a mi familia”. Aseguró que después de este hecho van a comenzar varias investigaciones por las injusticias que tuvieron que pasar.