Condenan a la Nación por masacre paramilitar en Buga

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El Consejo de Estado consideró en las últimas  horas  que pese a que el Ejército conocía sobre la presencia de dicho grupo armado ilegal en la zona, y la práctica de rehenes, no se tomaron las acciones necesarias.

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, por la masacre cometida por grupos paramilitares en la vereda Alaska, corregimiento La Habana en el municipio de Buga (Valle del Cauca) registrada en la tarde del 10 de octubre de 2001.

El alto tribunal determinó que se presentó una falla en el servicio por parte del Ejército puesto que existen documentos de inteligencia que evidenciaban que los militares conocían sobre la presencia de dicho grupo armado ilegal en la zona, y pese a esto no se tomaron las acciones necesarias en contra de los mismos.

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Según los testimonios recolectados de los pobladores, los paramilitares estaban haciendo retenes en diferentes sectores de la vereda. En la tarde del 10 de octubre de 2001 cerca de 60 hombres de camuflado, con armamento largo y logos que hacían referencia a las AUC tocaron las puertas de las viviendas buscando personas del sexo masculino.

Cerca de ocho o nueve hombres fueron retenidos en la plaza central del pueblo y luego transportados hacia la zona rural de la vereda donde fueron asesinados. A pocos metros del lugar hombres armados bajaron a cinco personas que se movilizaban en un bus intermunicipal y procedieron a dispararle de forma indiscriminada a los hombres.

En el debate jurídico se tuvo en cuenta el informe de inteligencia de la Sijín de la Policía Nacional se hizo referencia a la movilización de estos paramilitares en la zona. Igualmente las declaraciones del entonces secretario de Gobierno de Buga frente a los retenes ilegales adelantados por dicho grupo armado ilegal.

“Grupos al margen de la ley hicieron fuerte presencia en la zona, como lo indican los distintos informes de inteligencia y las órdenes de operaciones suscritas por la Policía y el Ejército Nacional, además tales grupos irregulares realizaron retenes en la vía, como lo señalaron el Comandante de la Estación de Policía y el Secretario de Gobierno de Buga, situación que era conocida por los demandados los cuales no tomaron medidas al respecto”, precisa el fallo.

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En este sentido se manifiesta que estas omisiones fueron “aprovechadas por los delincuentes para incursionar en las veredas La Alaska, Tres Esquinas y La Habana, jurisdicción del municipio de Buga, y dar muerte a hombres indefensos. En la demanda se llama la atención que los hechos se presentaron a cinco minutos de distancia de los hechos se encuentra la estación de policía y a 10 minutos, aproximadamente, se encuentra el Batallón de Artillería 3 Palacé y el Distrito del Comando 2 de la Policía Nacional.

“Llama la atención que el día de los hechos los delincuentes, quienes utilizaron 3 vehículos para perpetrar la masacre se tomaron el tiempo suficiente para seleccionar a sus víctimas y sin dejar rastro alguno y sin que la Fuerza Pública se percatara de la situación no obstante los distintos informes de inteligencia que daban cuenta de la presencia en la zona de grupo al margen de la ley y de los hechos delictivos que éstas verían cometiendo en días previos a la masacre”, señala.

 

Además se indica que los hechos ocurrieron a plena luz del día “y que los victimarios permanecían en el lugar, al menos durante una hora”. Para la Sala los hechos materia de estudio fueron “previsibles para los demandados, pues se insiste, éstas tenían conocimiento de la fuerte presencia en la zona de grupos al margen de la ley y de los retenes ilegales que éstas venían realizando en días previos a la masacre”.

Con esta decisión se revoca el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda.

 

Cómo fue la masacre de  Buga

A diferencia de otras masacres de las autodefensas, la que llevaron a cabo ese 10 de octubre en la zona rural del municipio vallecaucano de Buga no había sido anunciada ni había estado precedida por enfrentamientos entre los miembros de éstas y grupos guerrilleros.

Una dirigente local, que pidió no ser identificada, cuenta que hace poco había conversado con campesinos y trabajadores de la vereda Alaska, quienes le habían dicho que la situación estaba calmada, que los estaban dejando trabajar. “La gente estaba confiada”, concluye ella.

Un hecho normal pues los habitantes de la región, según comenta un sacerdote de Buga, aprendieron a convivir con estos grupos armados. Su confianza y su tranquilidad terminaron el miércoles de la semana pasada en forma sangrienta.

 

Ese día, hacia las 10 de la mañana, un grupo de entre 20 y 30 miembros del denominado Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) partió de algún lugar cercano a la vereda Buenos Aires con la intención de matar a sangre fría. Vestidos con uniformes camuflados, con los rostros cubiertos por pasamontañas y armados hasta los dientes, los hombres de las AUC iniciaron una travesía de seis horas por la zona rural de Buga.

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 Más o menos hacia las 3 de la tarde llegaron al corregimiento de La Magdalena, ubicado a unos 15 kilómetros del casco urbano del municipio, y se llevaron a ocho personas. La mayoría eran comerciantes y tenderos, a quienes les dijeron que tenían que ayudar a levantar un carro de las autodefensas que se había volteado en la vía. En un cruce de vías cercano los mataron a todos.

Los hombres armados se dirigieron luego hacia la vereda Alaska, a unos 500 metros de donde habían dejado a sus primeras víctimas. Allí reunieron a un grupo de campesinos frente a la parroquia con el pretexto de leerles un comunicado.

Les dijeron a los niños que se perdieran, que se fueran para una finca y no salieran. A las mujeres las encerraron en la sede de Aproplan, una microempresa comunitaria donde las campesinas elaboran champúes y pomadas con plantas medicinales.

Afuera del salón los verdugos seleccionaron a 14 hombres de los presentes, algunos de ellos habían sido traídos desde sus parcelas, los alinearon frente a la caseta comunal y les dispararon ráfagas de fusil hasta que no quedó uno solo en pie. Los que no murieron de inmediato fueron rematados con tiros de gracia en la cabeza.

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Media hora más tarde los asesinos entraron en la vereda Tres Esquinas, a un kilómetro de distancia, donde al parecer asesinaron a otras personas. A continuación se dirigieron a otra área de la vereda La Habana. Allí detuvieron una chiva, en la que viajaban unos 45 pasajeros, hicieron bajar a los hombres, los obligaron a correr y les dispararon ráfagas de fusil por la espalda.

A las 4 de la tarde los agresores terminaron su siniestra ronda y desaparecieron. A la morgue de Buga llegaron en total 24 cadáveres, entre los que se encontraban menores de edad y ancianos.

Sin embargo, hasta el viernes pasado, una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) estaba buscando por lo menos seis cadáveres en otras partes de la zona rural, en los límites con el municipio de San Pedro.

 

Violencia y brutalidad

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En los primeros 10 días de octubre las autodefensas asesinaron a 140 colombianos en diferentes hechos y partes del país. Esto es 10 muertos a sangre fría cada día, en promedio. En los primeros seis meses del año han cometido 24 masacres, que dejaron sin vida a otras 175 personas indefensas.

Algunos de los sobrevivientes y de los testigos de la masacre de Buga dijeron que los asesinos de las AUC justificaron los ajusticiamientos con el manido argumento de que los muertos eran “auxiliadores de la guerrilla”.

John Jairo Bohórquez, alcalde de la denominada Ciudad Señora, dijo al respecto que: “De nuevo las víctimas son campesinos humildes que sólo desean vivir en paz”. El Instituto Mayor Campesino (Imca), un centro educativo con fines sociales dirigido por los jesuitas, secundó las palabras de Bohórquez por medio de un comunicado público: “Las víctimas son civiles indefensos, sin ninguna filiación política o simpatía con cualquier grupo armado (…). La mayoría de las personas que fueron asesinadas eran cercanas y tenían una relación muy estrecha con los promotores sociales del Imca, que como entidad, hemos acompañado durante varios años a estas comunidades rurales y en particular a la de Alaska, donde se presentó la masacre”.

Para Hernando Toro, defensor regional, tal y como se presentaron los hechos (los primeros asesinatos se cometieron a 15 minutos en carro del casco urbano de Buga) podrían hacerse serios cuestionamientos a la labor de las Fuerzas Militares acantonadas en el municipio.

Toro se mostró particularmente preocupado por una información que suministró Jaime Alberto Ochoa, secretario de Gobierno municipal, quien en un comité departamental que tuvo lugar el 9 de octubre dijo que a comienzos del mes las AUC habían hecho un retén en un sitio conocido como Cruce Bar, a cinco minutos del Batallón Palacé.

La III Brigada de Cali, a cuya jurisdicción pertenece esta unidad y que la semana pasada fue señalada en un informe de Human Rights Watch de tener vínculos muy cercanos con los paramilitares, rechazó con vehemencia estos comentarios.

El general Francisco René Pedraza, comandante de la III Brigada, sostuvo que “nuestras tropas se encontraban acantonadas en ese sector desde el sábado 6, esperando que los paramilitares aparecieran.

Pero nuestros servicios de inteligencia nos informaron el martes 9 que en el sector de Calima-Darién se encontraba un campamento de reclutamiento y entrenamiento de las AUC. Resolvimos darles un golpe ese mismo miércoles y movilizamos las tropas allá, donde pudimos desmantelar toda la infraestructura y dar de baja a un hombre”.

El coronel Miguel Bernabé Lozano, comandante del Batallón Palacé, agregó que ese día sus tropas ingresaron a un campo de entrenamiento que las autodefensas habían instalado en la vereda Bellavista, del municipio de Darién. Un sitio que había sido bautizado como Escuela Simón Bolívar.

En el operativo capturaron a tres hombres y decomisaron material de guerra. Dos conductores civiles que acompañaban a los militares fueron asesinados por los miembros de las autodefensas y sus vehículos aparecieron incinerados.

Para el general Pedraza lo que ocurrió en Buga es evidente: “Nuestra información sobre este asunto es clara y apunta a señalar que, una vez comenzaron los combates en el sector de Calima-Darién, las AUC le dieron orden al grupo que estaba en cercanías de la vereda Buenos Aires que realizara esta matanza para que nuestras tropas se dividieran y la presión sobre el campamento de las AUC disminuyera”.

El viceprocurador Carlos Arturo Pavajeau dijo que este golpe de las autodefensas debía ser suficiente motivo para que el país ratificara el tratado de aprobación de la Corte Penal Internacional. La tragedia del Valle del Cauca le recordó al país que no sólo en Afganistán se libra una guerra. Menos espectacular e incluso invisible.