El reclutamiento de menores en el Puerto

En Buenaventura el reclutamiento de  menores es una práctica criminal que no cesa pese al esfuerzo de  las  autoridades  por frenar este fenómeno social que tanto ha impactado al Puerto Más importante sobre el Litoral  Pacífico Colombiano. Yesid Toro presenta una cruda radiografía de esta cruel realidad.

 
 Según una denuncia interpuesta por la madre de un  menor , en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en el sector Los Mangos, en Cali, su hijo había salido ese día a jugar fútbol y nunca volvió. La mujer contó que en su barrio, Los Robles, al oriente de la ciudad, se hablaba por esos días de un hombre que les estaba ofreciendo trabajo en Buenaventura a varios jóvenes. Su hijo, le contaron a ella, fue visto por última vez con ese extraño.
Mientras reclamaba a su muchacho en la morgue de Buenaventura, la mujer dijo que en febrero pasado él la llamó telefónicamente y le dijo que estaba bien, pero que no podía hablar mucho. Ella, sin duda, asegura que su hijo fue reclutado.

El asesinato de este menor dejó en evidencia que no sólo en Buenaventura los niños y adolescentes están siendo víctimas de reclutamiento para las bandas ‘La Empresa’, ‘Los Urabeños’ y ‘Los Chiquillos’, esta última de reciente aparición. Una investigación de la Dijín realizada en 2012 ya daba cuenta de que jóvenes del oriente de Cali, en el Distrito de Aguablanca, estaban siendo llevados para engrosar las filas de estas organizaciones en varios municipios del Valle, entre ellos Buenaventura.

 También en 2013, las fundaciones War Child Holanda, el Servicio Jesuita a Refugiados y la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Coalico, tres de las organizaciones civiles que en los últimos años han trabajado en la promoción, defensa y protección de los derechos de los niños y niñas en esa región, ya habían documentado este problema.
 
Elaboraron el informe ‘Niños, niñas y adolescentes en busca de la buena ventura’, un documento revelador sobre las causas del conflicto y su impacto entre la población infantil y juvenil en esta ciudad.
Los desgarradores testimonios de los infantes van desde la manera como fueron asesinados sus padres o como sienten miedo en sus barrios, hasta formas atroces de vincularlos a las bandas criminales como el descuartizamiento de gatos y perros como entrenamiento para llevarlos a las ‘casas de pique’ o para adiestrarlos en el desmembramiento de personas en zonas de baja mar e incluso a bordo de pequeñas embarcaciones de pesca.
“Mi tío es ‘Urabeño’, él me ha mostrado las municiones, a veces me prestan las armas pero yo no sé disparar. Lo que no me gusta es que me lleve a la ‘casa de pique’, eso me da miedo”, le dijo un niño de nueve años a uno de los investigadores que trabajó en el informe publicado en noviembre de 2013.
Por eso muchos en este puerto creen que si el Gobierno y la sociedad no hacen algo urgente, los niños y las niñas que actualmente crecen en Buenaventura no tendrán futuro. Es así de categórico. Es así de grave. No es solo una especulación.
Desde la guerra entre las Farc y las AUC en los años noventa, el conflicto que se vive en el principal Puerto sobre el Pacífico no sólo ha dejado niños y niñas muertos, sino otras desgracias. A la mayoría de los pequeños los grupos armados ilegales les han asesinado a sus padres y a sus madres, los han desplazado, han sido víctimas de desaparición forzada, de reclutamiento a grupos delincuenciales, han sido abusados sexual y laboralmente, y lo peor, debido a la creciente corrupción que ha marcado  las últimas administraciones distritales, en Buenaventura los menores reciben la peor calidad en educación en todo el departamento.

Buenaventura actualmente está militarizada por orden del presidente Juan Manuel Santos, luego de que entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 comenzaran a aparecer cuerpos desmembrados y se hablara a nivel nacional de las ‘casas de pique’. Las autoridades responsabilizan por estos hechos a dos grupos en disputa, ‘Los Urabeños’ y ‘La Empresa’ dos bandas criminales que desde octubre de 2012 se declararon la guerra tras la violenta incursión de los primeros en este puerto. En las calles hay quienes dicen que ‘La Empresa’ siempre ha estado allí, que es la banda local, pero que cuando estaban solos las cosas funcionaban normal. Dos líderes consultados para este informe dicen que en sus barrios de la Comuna 12 ‘La Empresa’ ha desalojado a tres familias para convertir sus viviendas en ‘casas de pique’.
De hecho se ha vinculado al actual alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia con esta banda, pero en varios escenarios el mandatario ha dicho que “él no tiene nada que ver con bandas, que a él lo eligió el pueblo”. A comienzos de este año Bartolo también desmintió que hubieran “tales casas de pique”.
Lo cierto es que esta disputa entre bandas ha cobrado la vida de unas 250 personas, entre asesinados y desaparecidos, según aproximaciones de la Personería de Buenaventura.
Lo de las ‘casas de pique’, sin embargo, solo se dimensionó a nivel nacional luego de que el defensor del Pueblo Armando Otálora, visitara Buenaventura en 2013. Pero antes, mucho antes, el obispo de Buenaventura, Monseñor Héctor Epalza ya había revelado que muchas personas iban a contarle que en sus barrios habían casas en las que metían a la gente y que en las noches o a plena luz del día se escuchaban gritos desgarradores. Luego todo era silencio. Monseñor lo dijo entonces en los medios de comunicación regionales e incluso lo manifestó a La W, pero el alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia insistió que las tales ‘casas de pique’ no existían.
Ahora que al fin el Gobierno ha puesto sus ojos en esta ciudad, anunciando incluso 400 millones de dólares para inversión, hay mucha gente que ve esto con escepticismo. “Uno ve a la gente de la Armada patrullando con tanques y con fusiles, pero uno se pregunta por qué cuando estaba pasando todo esto de la guerra, de las fronteras, de las ‘casas de pique’, esos mismos de la Armada Nacional no evitaron eso”, reclamó un líder de la Comuna 12, una de las más afectadas por la violencia, quien pidió no ser identificado.
Ese temor de la gente a no hablar es generalizado. En Buenaventura solo se discute de política en las calles del centro y se habla de comercio en las zonas portuarias, pero en los barrios hay silencio. En Sanyú, por ejemplo, a pocas calles del Centro Administrativo Distrital, la gente vive confinada. Las bandas criminales han trazado fronteras y cruzarlas es cosa de vida o muerte. Para transitar, para comprar, para vender o simplemente para vivir hay que pagar una ‘vacuna’.
Así, la extorsión se ha convertido en el combustible de esta guerra. Porque aunque las autoridades digan –y en efecto hay una parte del negocio en las drogas- que es el microtráfico lo que mueve a estas bandas, lo cierto es que la extorsión les deja millonarias ganancias.
Para poner solo un ejemplo, hace 15 días, un día después de que se declarara la militarización en Buenaventura, sicarios asesinaron en Cali a César Augusto Salazar, un mayorista de carnes en el puerto y dueño de varias bodegas. Una semana antes de su asesinato, a Salazar lo habían secuestrado por un día para que sirviera como garantía y recogiera al término de la tarde 500 millones de pesos entre los expendedores de carnes de Buenaventura. Una vez les cumplió a los de la banda, regresó a Cali pero días después lo llamaron para que lo hiciera de nuevo y como no quiso lo mandaron  matar.
Otros que han sufrido son los dueños de tiendas y graneros, especialmente los paisas, que han estado en la mira de las bandas y ocho de ellos han sido asesinados entre 2013 y lo que va de este año. En los barrios y en el comercio se ‘vacuna’ a todo el mundo, lo que motivó el rechazo de los comerciantes que se unieron en un plantón que paralizó el pasado 12 de marzo a la ciudad. Días antes, en su tienda del barrio Bolívar, Ferney Valderrama, había sido asesinado dentro de su negocio por no pagar. Lo mataron teniendo cargado en los brazos a su hijo de meses.
En todo este entramado criminal los niños vinculados al conflicto han sido convertidos en victimarios. Según el informe ‘Niños, niñas y adolescentes en busca de una buena ventura’, a partir de los siete años los pequeños ya están expuetos a ser utilizados por las bandas criminales. “Son utilizados para que transporten sustancias psicoactivas, lleven paquetes con dinero a personas dentro del mismo barrio. En compensación les dan monedas o les compran comida. En muchos casos les enseñan las armas y se las dejan tocar”.
“A mi hijo ya no le gusta estudiar porque en el barrio lo convirtieron en ‘campanero’ y en cobrador. Entonces el muchacho cada que ve a alguien raro va y les avisa, eso me da mucho miedo porque a mi la otra vez me dijeron que mi hijo dio aviso y a esa persona la picaron”, dijo una desesperada madre habitante del barrio La Playita.
En el barrio Piedras Canta, uno de los enclaves de las bandas criminales, algunos líderes comunitarios han hablado de la practica de ‘picar’ gatos. “Lo del entrenamiento con gatos lo dirige un señor y específicamente en una casa. Los niños que van allí son altamente agresivos con los demás niños. Y en el barrio Lleras es más disimulado porque se paga por el que mate a un gato o un perro, lo apedrean, lo ‘rocian’ con gasolina y lo prenden. O también los descuartizan. Los gatos, cuando los descuartizan, los mismos niños los entierran”, reveló una líder comunitaria entrevistada para el informe.
En este contexto no es extraño escuchar a los niños y a las niñas decir “Mi papá es paraco, te lo voy a echar”, “Mi tío es el jefe”, “Te voy a enchuspar”.
Las bandas criminales, cuyos jefes en el caso de ‘Los Urabeños’ están en Buga o mueven los hilos criminales desde Cali, como en el caso de ‘La Empresa’, han llegado al punto de instalar máquinas traga monedas en los barrios para llamar la atención de los menores, quienes se gastan el dinero en ellas sin saber que les están devolviendo lo ‘ganado’ a sus ‘jefes’. Así lo dejó al descubierto la Policía el pasado fin de semana, tras decomisar varias de esas máquinas que producían 300 millones de pesos al mes para las bandas.
Y mientras un pequeño debería estar jugando fútbol o montando en bicicleta, en barrios como Caldas, El Progreso, Unión de Vivienda, Camilo Torres, Vista Hermosa, Nuevo Amanecer, La Campiña, Bolívar, Antonio Nariño, La Carmelita, Inmaculada, Punta del Este, Santa Cruz, La Playita, Sanyú o Matias Mulumba, los infantes recorren las destapadas calles jugando a disparar. Replican en su diversión infantil lo que ven en sus casas. “Y ahora que ven a los infantes y a los soldados con fusiles patrullando de todos modos también quieren jugar a la guerra”, comentó Henry Rentería, un habitante de Antonio Nariño.
 LA ‘MADRE’ DE TODOS LOS MALES
  
La corrupción y el abandono de los gobiernos han hecho de Buenaventura un laboratorio del crimen. Hace más de un año la Defensoría del Pueblo y Pastoral Social advirtieron de la crisis social que se avecinaba por cuenta de las muchas necesidades que tenía la población. Según Armando Otálora, la deserción escolar llega al 40%, la salud apenas alcanza una cobertura del 45%, el déficit de vivienda llega a 42 mil unidades en la zona urbana y el suministro de agua potable alcanza apenas al 55% de los hogares. El agua llega de a poco en algunas casas en una ciudad que tiene una presupuesto anual de 400 mil millones de pesos.
“En Buenaventura hay que doblar la página de los lamentos y los diagnósticos para pasar a los hechos a través de soluciones integrales de política pública sostenible que permitan superar los retos que impone un escenario de abandono estatal y de indolencia histórica”, dijo Otálora.
Por este abandono es que muchos líderes consultados para este informe aseguran que la intervención y los anuncios del Gobierno son apenas una acción de campaña del presidente Santos. El padre John Reina, de la Arquidiócesis, dijo tras la reciente visita del Mandatario el viernes pasado “esperamos que se firme un acta para que los acuerdos queden por escrito y se conviertan en política pública”.
Otro líder va más allá y pisa los callos de la educación, que ha sido uno de los principales focos de corrupción en Buenaventura. “Por qué no agarran a todos los que se están robando el dinero de la educación, por eso es que tenemos a nuestros jóvenes metidos en estas cosas criminales”, señaló el líder del barrio Muro Yusti.
La historia se remonta al millonario fraude cometido con los ‘alumnos fantasmas’ en el gobierno de José Félix Ocoró. Muchos creyeron superado el tema, pero no fue así. En la actual administración de Bartolo Valencia se habla de ‘trasteo virtual de estudiantes’, la ‘vacuna por alumno’ y el ‘reciclaje de fundaciones’. El tema de la tercerización de la educación amparada en la famosa cobertura educativa desembocó en millonarios contrartos a fundaciones que no solo prestan ‘servicios’ educativos sino que, entre otras cosas, crían gallinas o le ‘jalan’ a ecoturismo.
En un informe publicado por el diario El País de Cali sobre la corrupción en Buenaventura, se reveló que como resultado de la tercerización de la educación aparecen fundaciones como Lideremos, cercana al jefe de Ampliación de Cobertura, Yaser Valencia, con una dirección inscrita en Cámara y Comercio que no coincide con la nomenclatura, que recibió dos contratos por $1.280 millones y que según su objeto social se dedica a labores como el “suministro de insumos químicos” y la “vacunación de caninos y felinos”.
El informe también señala que junto a ella hay otras fundaciones como Construyendo Caminos, Mujeres Emprendedoras Desafiando la Pobreza, Bendición de Dios, Héroes del Saber o Radio Fortaleza FM Estereo que ahora combinan la educación con otros objetos como la cría de peces en cautiverio, la comercialización de pollos y cerdos, el lavado de cortinas, la plomería, el procesamiento de alimentos perecederos, el ecoturismo, la cría de tatabros y guatines, e incluso, la construcción de “centros bacanales” como lo señala la Fundación Betania.
Cuando se camina por la ciudad es común ver casas de dos o tres pisos donde funcionan colegios. En el Puerto están funcionando en la actualidad 258 colegios de garaje contratados para ampliación de cobertura. Son cerca de 8.000 alumnos, cuyo subsidio equivale a $7.200 millones, los que han quedado a merced de la tercerización. El negocio es tan redondo que por cada niño se debe pagar $90.000 mensuales y mediante las fundaciones lo que pagan son $45.000 y en algunos casos hasta $22.000. En estos sitios hay materias que los menores no pueden ver como química o física, porque no hay dónde adelantar las jornadas. El resultado: una pésima calidad en la educación que ha llenado los bolsillos de unos pocos cercanos a las administraciones, mientras los niños y las niñas están a merced de la delincuencia y de la informalidad.
LOS NIÑOS QUE RÍEN

El pasado 30 de marzo la Policía de Buenaventura realizó una jornada dirigida a los niños en el barrio San Antonio.El sector se convirtió en barrio gracias a las caletas con dólares que le fueron incautadas al narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’. Por eso al sector no le llaman por su nombre sino que fue ‘bautizado’ por sus habitantes como ‘Villa Chupeta’. El lío, más allá de la jornada de recreación y regalos de la Policía, es que allí viven 500 familias que antes estaban en los esteros y que fueron reubicadas en esta zona al nororiente de Buenaventura, lejos del mar. Lejos de su fuente de sustento, como dice Arcadio, un pescador. “Aquí lo que hay es monte, no hay qué hacer y coger un transporte cuesta mucho, más de $3.000 ida y vuelta”, se queja.

Mientras los patrulleros juegan con los pequeños, un hombre alto y delgado mira desde el andén de una casa. Llama a uno de los que conformamos el equipo periodístico y dice que quiere hablar. “Yo soy en que manda aquí”, dice con determinación. Luego nos dice que vayamos a un sitio cerca “porque lo pueden ver o escuchar” y enseguida cuenta que tiene una banda armada allí, con unos 30 jóvenes armados “para dar lucha al que sea”.
En el poco tiempo que habló, dijo que era de ‘Los Urabeños’, que ‘Villa Chupeta’ es un fortín que todos quieren (‘La Empresa’ e incluso mencionó a las Farc) que hay muchos ‘pelaos’ que estaban metiéndose en las bandas y agregó, paradójicamente, que estaba cansado de la guerra.
-¿Por qué?- le pregunté
Entonces el hombre con mirada feroz señaló hacia el sitio donde estaban los niños con la Policía.
 -Porque hoy vi sonreír a mi hijo, y hacía mucho tiempo no lo veía contento- respondió.
La jornada terminó con la entrega de regalos y la Policía se fue y nosotros también. Y allá en ‘Villa Chupeta’, la gente quedó con el mismo miedo. Es lo mismo que temen todos en Buenaventura, que se acabe la intervención, que se vayan los 1400 policías que llegaron hace un mes, que la Armada de nuevo se meta en sus cuarteles, que se roben los 400 millones de dólares que el presidente Santos prometió y que los niños sigan en la guerra.
POR: YESID TORO – LA OTRA ORILLA