SUGIEREN AL GOBIERNO LOCAL DE QUILICHAO INTERPONER ACCIONES JUDICIALES ANTE CRISIS GENERADA POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA.

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Para apagar el incendio e  inconformidad generada por el corte del servicio de energía en las principales dependencias oficiales de la administración municipal en Santander de Quilichao el Abogado  Santiaguino  y concejal Diego Fernando Reyes Ibáñez ha sugerido al Gobierno local que presiden el Ingeniero Luis Eduardo Grijalba Muñoz, iniciar un proceso judicial que mediante la adopción de medidas cautelares se hagan respetar los derechos del ente territorial, mientras hay un pronunciamiento de fondo de la administración judicial.

“Pese a reconocer que es enorme el daño social que causa la des conexión del servicio eléctrico en calles y Oficinas Públicas, insisto que tal situación no se hará reversible con insultos o movilizaciones” Señaló el también miembro del Cuerpo de Bomberos de esta  población Nortecaucana.

“La solución es netamente jurídica y más aún cuando existen cinco procesos judiciales en el Tribunal Administrativo y Consejo de Estado, trámites que involucran la misma pretensión…resolver el contrato entre Cedelca y el Municipio de Santander de Quilichao.

Todos sabemos que la Administración Municipal, tiene dinero en sus cuentas, pero no debe cancelar el servicio de energía… si lo hace automáticamente reconocería la existencia de una obligación incierta que necesariamente debe declarar un operador judicial. De igual modo, si el alcalde paga, podría incurrir en delitos penales y administrativos. A su vez la Compañía Energética de Occidente, no puede dejar de cobrar lo que comercialmente debe ejecutar, pues al omitirlo comprometería el argumento de no tener nada que ver en un contrato firmado entre Cedelca y la Alcaldía, esa es la razón por la que corta la energía a las oficinas públicas” manifestó el conocido Jurisconsulto, tras  advertir que no es con marchas y vías de hecho que se solucionan estos  casos.

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El cabildante Reyes Ibáñez  sostuvo  que recomendaba “ al señor alcalde que a través de su apoderado solicite al Consejo de Estado decretar medidas cautelares que ordenen la re conexión, hecho que permita regresar al estado inicial sin que el alcalde firme compromisos riesgosos, y sin que sobrevenga males irreparables a la población( inseguridad, accidentes, parálisis administrativa, cese de actividades educativas, bajo recaudo de impuestos etc)”

El abogado dio a  conocer que el  Código Contencioso en lo Administrativo consagra que “En cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo son procedentes”.

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Finalmente anotó el abogado Quilichagüeños que “la comunidad tiene derecho a marchar, a exigir, a respaldar al gobierno municipal y a expresarse porque finalmente los ciudadanos seremos los más afectados .. pero el tema no va a resolverse, ni tan siquiera con reuniones en Bogotá como aconteció el año pasado, citas que en su momento objeté en el Concejo Municipal al considerar que acuerdos por fuera del proceso resultarían inconvenientes”. Propuesta que ha sido acogida  por varios  juristas y dirigentes de la ciudad de los Samanes.

En  origen de estas marchas y protestas de la administración Municipal contra la Compañía Energética de Occidente CEO, se dio  ya  que en el año 1963 el Municipio y Cedelca firman un contrato en el que Santander le entrega su Hidroeléctrica en Mondomo y a cambio Cedelca le suministra energía a oficinas, escuelas y alumbrado público, con cargo financiero a lo que genere la central eléctrica.

Posteriormente Cedelca demanda ante el Tribunal Administrativo el contrato argumentando que la energía suministrada en ese entonces no es la misma que hoy en una ciudad tan desarrollada se consume. En esta controversia, el Tribunal le da la razón a Cedelca y el municipio pierde la primera instancia.

A demás de lo anterior en 1999 la Súper intendencia de Servicios Públicos le quitó la operación del servicio a Cedelca y se la asignó a la Compañía Energética de Occidente, empresa que hoy es la que corta el suministro de energía a escuelas y oficinas, sosteniendo que… el negocio de la hidroeléctrica fue entre Cedelca y el municipio, no teniendo ellos nada que ver en dicho contrato.