UNA POLÍTICA SOCIAL,INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA

Miedo al robo

Los aspirantes a ser Gobernantes Regionales y Municipales, deben darle importancia al tema de la paz y la seguridad ciudadana

La responsabilidad de los Gobernantes a nivel nacional, regional o local, es asegurar el bienestar de los ciudadanos, minimizando las desigualdades sociales, implementando mecanismos eficientes de inclusión social, en materia de empleo, educación, salud, en la titularidad de sus derechos, políticas de fomento al bienestar y protección social, así como el reconocimiento y valoración de los ciudadanos, como sujetos activos de una sociedad.

Los aspirantes a ser Gobernantes Regionales y Municipales, deben darle importancia al tema de la paz y la seguridad ciudadana, articulada a la política social, especialmente en materia de salud, como el derecho que tiene la población a que sean tratados como seres humanos que tienen derecho a la vida; fortaleciendo la red pública hospitalaria, sumida en una profunda crisis financiera; una política educativa integral y de calidad, que permita formar y preparar a nuestros jóvenes profesionalmente, garantizando su vinculación al mercado laboral, con empleo dignos y estables; contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria de las familias, especialmente de la población infantil de las áreas más vulnerables; asumir el pleno compromiso por la transparencia y de lucha frontal contra la corrupción, desarrollando políticas sociales y económicas que permitan superar las grandes inequidades de pobreza y hambre que afecta a diversos sectores de la población vallecaucana; como pilares fundamentales de una política de respeto y protección a los derechos humanos, y en el proceso de construcción ciudadana.

desplazados

La inmensa afluencia de desplazados al Valle del Cauca, víctimas de la violencia, provenientes de diferentes regiones del país, hacen que este departamento se convierta en un territorio de paz y prosperidad, donde predomine el respeto por los derechos humanos, diversa étnica y multiculturalmente, eliminando toda clase de discriminación, promoviendo la igualdad, creando posibilidades y oportunidades para que la población acceda al pleno ejercicio de sus derechos.

Iniciativas que posibiliten construir un Departamento competitivo, incluyente, social y económicamente posicionado en el ámbito nacional, con una mejor calidad de vida para su gente, superando la Pobreza Extrema consolidando una política social que mejore y amplíe la oferta y el acceso de bienes y servicios sociales de calidad con participación efectiva de los distintos grupos poblacionales, valorando la diversidad, el respeto a la diferencia étnica, cultural, de género y de orientación sexual.

Las políticas sociales son la razón de ser del Estado en su conjunto y contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Se puede afirmar que estas políticas parten de las necesidades de las comunidades y se establecen como criterio fundamental para la práctica política del Estado.

En la construcción de estas políticas se debe establecer mecanismos de inclusión social para la participación ciudadana, para que no solo se cumpla con la elaboración de las políticas mismas, sino también como un requisito fundamental para abrir la democracia. Con la Constitución Política de 1991 se inicia un proceso de cambio en la forma como se construyen las políticas públicas pues se disponen de una serie de mecanismos para este fin, aunque con dificultades se logra avanzar en la consolidación de un sistema democrático más abierto e incluyente que además se consolide a partir de lo social.

De esta manera, la participación de las comunidades y ciudadanía en general contribuye a la función ciudadana de defensa de lo público y en la perspectiva de consolidar el bien común, toda vez que este proceso logra que sea mayor el número de actores participantes y que pueden hacer oír sus necesidades, en correspondencia con el hecho de que sean tenidas en cuenta y valoradas sus opiniones por parte de los gobernantes cuando trazan las políticas públicas, convirtiéndose, de hecho, en un espacio para conjugar los intereses de gobernantes y gobernados en función del bien común.

La inversión social, además de ser un derecho ciudadano, es un deber de los Estados para promover el desarrollo social y político en un contexto democrático que articule las demandas y obligaciones para mantener la estabilidad, y como un elemento dinamizador de la vida social.

 

julio ernesto higuera

Por: Julio Ernesto Higuera Romero